Sánchez propone a Puig colaborar al 50% en la construcción de consultorios médicos

La Diputación de Alicante intentó ayer devolver el golpe que la Generalitat Valenciana les dio cuando anunció por sorpresa que las instituciones provinciales pagarían un tercio de las ayudas a libros de texto, un plan para el que todavía no hay ni fechas ni importes. Antes incluso de que se ponga en marcha el llamado '#Xarxallibres', el presidente del gobierno provincial, César Sánchez, propuso, también por sorpresa, a su homólogo de la Generalitat, Ximo Puig, un programa de colaboración para la construcción de consultorios médicos en la provincia sufragado al 50% entre las administraciones autonómicas y provinciales.

Sánchez hizo este ofrecimiento a Puig durante la entrega de los premios de la Asociación de la Empresa Familia (AEFA), celebrado ayer por la tarde en Alicante. El plan de la Diputación Provincial es muy sencillo: los ayuntamientos interesados cederían el suelo para edificar consultorios y centros de salud, que la Generalitat y el gobierno provincial pagarían al 50%. Después, le correspondería a la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública su gestión y mantenimiento.

Este nuevo plan se discutirá en una próxima reunión que ambos, Sánchez y Puig, mantendrán en el Palacio Provincial. Será una devolución de la visita de cortesía que realizó el presidente provincial a principios de la legislatura al Palau de la Generalitat junto con sus homólogos de Castellón y Valencia.

En esta reunión se pondrán sobre la mesa algunos de los temas motivo de conflicto entre ambas instituciones como la defensa de los trasvases al Segura y al Vinalopó o el famoso proyecto de la zona franca del Puerto, que parece apoyan todas las instituciones, desde el Ayuntamiento de Alicante hasta la Autoridad Portuaria, según manifestó ayer su presidente, Juan Antonio Gisbert.

Y no solo eso. Generalitat y Diputación tienen pendientes también las inversiones en la provincia en los próximos presupuestos autonómicos y la liquidación de deudas. Al respecto, el portavoz del gobierno provincial, Carlos Castillo, le recordó a Puig el pago de los 18 millones de euros que el Consell adeuda por la construcción del Auditorio Provincial (ADDA).

Castillo pidió a Puig que «se acuerde también de las deudas que mantiene con los ciudadanos alicantinos y que pague» tras conocer que el presidente de la Generalitat se comprometió a saldar la deuda autonómica de ocho millones de euros con el Ayuntamiento de Castellón. «Coincidimos con Ximo Puig cuando asegura que las dificultades económicas que atraviesa la Generalitat no pueden ser excusa para no pagar las deudas», por lo cual el portavoz de la Diputación exige que aproveche la oportunidad para demostrar que el Consell trata por igual a todos los ciudadanos de la Comunitat.

En la etapa de Francisco Camps en la Generalitat, el Consell y Diputación firmaron un protocolo por el que ambas instituciones se comprometían a sufragar, al 50%, el coste del ADDA, con un tope de 18 millones en el caso de la Administración valenciana (el coste fue superior a los 40 millones).