Gran Vía- Sur amenaza con un contencioso al Ayuntamiento por las descargas de clínker

La Asociación de Vecinos Gran Vía-Sur Puerto prepara un contencioso-administrativo contra el Ayuntamiento de Alicante por un posible delito de prevaricación al no exigir la licencia ambiental a las empresas encargadas de las descargas de clínker, azufre y otros materiales. Sería el último paso de un calendario de movilizaciones que comenzarán el próximo mes si el equipo de gobierno local y el de la Autoridad Portuaria «no toman medidas», expresó ayer uno de los portavoces de los residentes, José Santamaría.

Aunque el problema no es nuevo, es más los vecinos lo llevan reivindicando muchos años, en Gran Vía-Sur Puerto están «hartos». La espita de este nuevo calendario de movilizaciones la ha abierto el nuevo presidente de la Autoridad Portuaria de Alicante, Juan Antonio Gisbert, con unas declaraciones en su toma de posesión en las que aseguraba que toda la actividad portuaria «era legal».

Estas manifestaciones han soliviantado a los vecinos, que consideran «una falta de respeto intolerable y una falsificación de la verdad» la postura del presidente del puerto.

Los vecinos aseguran tener informes tanto del Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil como del Defensor del Pueblo y del Síndic de Greuges en los que se demuestran que «las descargas son peligrosas para la salud», según afirmaba ayer uno de los portavoces de la asociación.

Toda esta documentación se incluirá en el contencioso-administrativo que un equipo de abogados está preparando, según asegura Santamaría. Además, incluirán también pruebas que recogen todos los días: «Estamos cansados de limpiar cortinas, suelos y los pies de los niños, cuando andan descalzos por casa, con el polvo que nos entra por las ventanas y respiramos», manifiesta este portavoz de la asociación de vecinos Gran-Vía Sur Puerto.

Cuentan con «abundante» material fotográfico y audiovisual de cómo se descargan los materiales en el puerto. «Las descargas se hacen al aire libre, sin tolvas, medidores ni transporte hermético», afirma este residente sobre las medidas de protección que deberían poner las empresas según la ley «y que se niegan».

El portavoz de los vecinos, José Santamaría, asegura que «el Ayuntamiento no está en la línea de colaboración que habían prometido» en la campaña electoral. Tan solo salva al vicealcalde y concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Pavón: «Es el único que va en la línea correcta, ya que nos prometió que en el nuevo PGOU se va a contemplar la integración ciudad-puerto como en el resto de sitios».