La presunta estafa con los camiones puede costarle 12 años de cárcel a los Gregory

La presunta estafa cometida por los hermanos Rafael y José Vicente Gregory desde sus empresas especializadas en la venta y alquiler de vehículos industriales y repuestos y sus supuestos intentos por esquivar a los acreedores les puede costar una larga condena en prisión. El fiscal sostiene que para obtener beneficios con camiones que no les pertenecían, aunque sí utilizaban, y evitar perder sus bienes, confeccionaron una compleja trama de empresas pantalla gestionadas por testaferros. Además, la acusación pública concluye que perpetraron otras argucias para poder tapar cada chanchullo que quedaba al descubierto.

Tan complejo resultó el plan, urdido en el año 2009, que el representante del fiscal les reclama 12 años de prisión a cada uno en su escrito provisional de acusaciones por delitos continuados de estafa en concurso con un delito de falsedad documental, un delito continuado de alzamiento de bienes y otro de blanqueo de capitales. Además, acusa a otras trece personas de figurar como testaferros y colaboradores, por lo que en total pide condenas que suman más de 61 años entre rejas.

Se trata de una más, aunque no una cualquiera, de las tantas piezas separadas surgidas de las escuchas del 'caso Brugal', la gran causa de corrupción por la que juzgados de Orihuela y Alicante investigan a políticos, principalmente vinculados al Partido Popular, y empresarios por la adjudicación de las basuras de la Vega Baja o el reparto del suelo de la capital. De hecho, en esos asuntos denunciados por la Fiscalía Anticorrupción, a Rafael Gregory, expresidente de la Fundación del Hércules, se le señala como el principal intermediario entre el expresidente de la Diputación de Alicante, Joaquín Ripoll, y el empresario Enrique Ortiz, máximo accionista del club de fútbol de la ciudad e imputado como presunto corruptor en la planificación urbanística de Alicante.

En este caso, se trata de una extensa investigación llevada a cabo por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre las firmas de los Gregory, como Autisa, Muvisa, Repuestos Atalayas Alicante o Rent-Autisa. Las pesquisas, coordinadas por el Juzgado de Instrucción 5 de Alicante, revelaron que los acusados supuestamente se lucraron ilícitamente incumpliendo los acuerdos alcanzados con la financiera Comercial Services Spain SAU (VFS), a la que debían rendir cuentas. Al percatarse de movimientos extraños, la firma inició varias auditorías.

El Ministerio Público apunta a una exportación de siete camiones a Dubái sin el conocimiento de VFS o a la venta a terceros de otros seis vehículos industriales que no eran suyos, ya que para ello debían pagar todo su precio a la financiera.

Para evitar ser descubiertos, supuestamente ordenaron a varios empleados una operación que a priori podría dar el pego: retroquelar los números de bastidor de camiones que todavía eran de su propiedad y dar gato por liebre a los concienzudos auditores.

El juez instructor dio por terminada en enero de 2014 la investigación judicial de una macrocausa en la que coexisten una quincena de imputados, tal y como adelantó este diario a comienzos de este año. Ahora, a ojos del acusador público, los Gregory idearon el entramado para estafar a VFS y, paralelamente, ir difuminando ese rastro desprendiéndose de sus bienes, aunque de forma simulada.

Sin embargo, el descubrimiento de que estaban descapitalizando mercantiles a favor de otras les llevó, de forma provisional, hasta la cárcel en el año 2010. Los hechos por los que muy probablemente los 15 imputados acaben en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial se remontan a un año antes de los arrestos, a comienzos de 2009. Entre los procesados se encuentran hombres de confianza de las empresas de los Gregory, empleados de banca e, incluso, otro cabecilla de 'Brugal' como Ángel Fenoll.

Para tapar estos movimientos, los empresarios recurrieron incluso a un presunto infiltrado en una sucursal bancaria ubicada en el Polígono de las Atalayas. Allí se encontraban depositadas las pólizas que Autisa debía pagar para obtener en propiedad los camiones industriales de VFS, tal y como habían acordado. El empleado de la entidad, supuestamente, les facilitó varias documentaciones para poder disponer de vehículos de la financiera y las cambió por otras falsas, como relata el representante del fiscal en su escrito.

En aquel tiempo, los efectos de la crisis ya habían hecho mella en el conglomerado empresarial. Los acreedores iban tras los Gregory, que no estaban dispuestos a perder sus posesiones. Según la acusación pública, los hermanos empezaron entonces a traspasar vehículos desde las firmas a su nombre a otras en las que figuraban otros administradores. Es decir, tejieron toda una red de empresas pantalla, controladas por ellos sin aparecer como responsables, según recoge el escrito fiscal.

Gracias a la colocación de un puñado de testaferros en las firmas, iniciaron un traspaso masivo de 30 vehículos industriales. La mayoría recalaron en Sermo Mar 2000 SL, que recibió entre el 25 de junio de 2009 y el 30 de diciembre de 2010 la treintena de camiones, casi todos procedentes de Rent Autisa SL, según refleja la investigación policial.

Al mismo tiempo, la investigación judicial refleja el desmantelamiento de las empresas de repuestos de las que eran dueños y de una cuarentena de viviendas, entre las que se encuentra el domicilio habitual de José Vicente Gregory. Gracias a varios movimientos de las escrituras, el empresario pudo evitar el embargo de la casa hasta en dos ocasiones.