Andrea tendrá una muerte digna

Una llamada lo precipitó todo. Estela Ordóñez y Antonio Lago estaban reunidos con el juez Roberto Soto para dirimir qué podían hacer con su pequeña Andrea, que padece una enfermedad degenerativa irreversible. El magistrado del Juzgado de Primera Instancia número 6 de Santiago de Compostela escuchaba las razones que esgrimían los progenitores para desconectar el soporte vital de la niña -recibía líquidos y nutrientes a través de una sonda conectada al estómago, ya que no podía tragar-, una opción que los pediatras del Centro Hospitalario Universtiario de Santiago (CHUS) se negaban a hacer. Pero a primera hora de la tarde, la historia cambió. Los médicos comunicaban una «flexibilización» en el tratamiento que recibía Andrea. El siguiente capítulo de esta trágica historia discurría ya en las entrañas del CHUS.

Allí, los médicos anunciaban a los padres que aceptaban sus condiciones: a Andrea se le retiraría entre ayer y hoy la nutrición e hidratación artificial (NHA) a través de una sonda PEG para sustituirla por una mínima hidratación que le permita absorver los sedantes que va a recibir. «Es una muerte dulce, un poco más fácil que la vida que ha tenido», señaló Sergio Campos, abogado de la familia, que aceptó el texto presentado y que fue enviado al responsable del Juzgado de Familia de la capital gallega que «realizará un seguimiento del caso para comprobar el cumplimiento del plan acordado», según informó en un breve comunicado el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

El letrado reconoció que desconocía los motivos que han llevado a los gestores del CHUS a cambiar de opinión, cuando el jueves decidieron presentar un escrito ante el tribunal compostelano para que decidiera cuál era el tratamiento médico a seguir. Solo a última hora de la noche, la gerencia del hospital reconoció que se habían producido «cambios clínicos» que habían determinado el cambio terapéutico, llevado «en todo momento a lo establecido en la normativa vigente y al ejercicio de una adecuada práctica clínica». Una modificación fundamental de lo señalado hace cinco días.

Entonces, los pediatras afirmaban que la vida de Andrea no corría peligro, ya que estaba respirando por sus propios medios. Campos indicó que sospechaba que la mediación del juez Soto fue determinante para que el hospital decidiera cambiar de opinión.

«La cordura se ha impuesto», comentó Campos. Tampoco se atrevió a dar una fecha de cuándo se puede producir el fatal desenlace. «Pueden ser dos, cuatro, ocho o 38 días», comentó. Antes de recalcar que los padres están «mal». Van a perder a uno de sus tres hijos por culpa de una enfermedad que no la ha dejado vivir.

Una promesa

«Ya no es ella», insistían los padres ante el comité de bioética del CHUS que estudió el caso para saber si era posible aplicar una muerte digna como reclamaban desde junio, cuando ingresó en la habitación 102 del hospital gallego. «No quiero la eutanasia, quiero que no muera con dolor (...) Le prometimos a nuestra hija que no sufriría porque ya no es ella», recalcaron los padres ante los médicos. «No pedimos que adelanten su muerte, sino que no la alarguen», señalaron los padres ante los expertos que estudiaron el caso. No era la primera vez que solicitaban lo mismo. En julio realizaron idéntica petición, pero en ese momento el juez -distinto al que ahora ha llevado la causa- decidió que los pediatras tenían razón y negó la muerte digna que pedían los padres.

Estos defendían que su hija estaba sufriendo graves dolores, que ya era incapaz de comunicarse con su familia -nunca ha hablado y se limitaba a realizar gestos para expresarse con sus dos hermanos y padres-. Ahora, después de una semana de estrés y de pelea con los médicos, a los que acusaron de querer alargar la vida de su pequeña de forma innecesaria, quieren despedirse de la pequeña Andrea en la más estricta intimidad.