Urbanismo dice que la descarga de graneles solo podrá seguir en el puerto si se «legaliza»

La polémica por la actividad de carga y descarga de graneles al aire libre que se realiza en el puerto de Alicante centrará buena parte de la atención en la primera reunión del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de la legislatura, que se celebra hoy. El asunto colea desde hace años por el malestar que genera entre los vecinos la contaminación que genera esta actividad. Y se ha reactivado en los últimos días tras la amenaza de la asociación Gran Vía Sur-Puerto de demandar al Ayuntamiento por no hacer nada al respecto.

Aunque para el alcalde, Gabriel Echávarri, no se trata de una de las prioridades a abordar en el Consejo de hoy y no hay una postura clara del tripartito sobre este asunto, sí que es urgente para el concejal de Urbanismo y vicealcalde, Miguel Ángel Pavón, que también es consejero. El edil aseguró ayer que va a plantear este tema en el apartado de ruegos y preguntas, ya que no está en el orden del día, y dejó claro que va a ser contundente.

Para Pavón, las empresas de carga y descarga de graneles «no pueden seguir operando en el Puerto en las actuales condiciones, se tienen que legalizar». Y es que, según ha podido comprobar su equipo, «estas empresas trabajan sin ningún tipo de permiso o autorización ambiental, lo que vulnera claramente la legislación».

En estos momentos, un técnico de Urbanismo está estudiando a fondo si este permiso que se requiere es una licencia ambiental, que otorgaría el Ayuntamiento, o una autorización ambiental integrada (AAI). Todavía no ha extraído las conclusiones definitivas pero, explica Pavón, «todo nos inclina a pensar que se trata de un caso de licencia ambiental, por lo que dependería del Ayuntamiento concederla».

Hasta ahora, siempre que se ha planteado la cuestión, el Consistorio se había acogido a un informe de la Generalitat que señalaba que la actividad que se desempeña no tiene carácter de concesión, dado que se desarrolla en el espacio de carácter público del puerto, por lo que la titularidad de la instalación donde se ejerce es la Autoridad Portuaria. Entendían ambas administraciones que es ella la que debe establecer las medidas correctoras y que no cabe la licencia ambiental para estas actividades.

Sin embargo, la de Pavón no es la primera voz que se alza en contra de esta determinación. El Síndic de Greuges ya se ha manifestado hasta en dos ocasiones contra esta argumentación, por entender que la normativa ambiental es aplicable tanto a actividades de titularidad pública como privada y que el Ayuntamiento es competente para exigir la licencia ambiental y ejercer las funciones de control, inspección y sanción. Además, entiende que el Puerto debería regularizar la situación con una concesión, dado que ya ha dado su autorización para el uso de ese suelo público por empresas privadas, con una actividad susceptible de autorización ambiental.

El debate, en cualquier caso, está servido, dado que en sus primeras manifestaciones como presidente de la Autoridad Portuaria, Juan Antonio Gisbert, admitió las molestias que genera la actividad pero aseguró que todo es legal y que no hay riesgo alguno para la salud de los vecinos.

«Tiene que haber algún tipo de intervención ambiental que lleve aparejada la exigencia de medidas para evitar la contaminación, al igual que es preceptiva una autorización administrativa sobre calidad del aire, que debe conceder la Generalitat y de la que tampoco disponen estas empresas», resalta Pavón.

Diferencias en el tripartito

Por el momento, se trata de una lucha más personal que municipal, ya que el alcalde, Gabriel Echávarri, se limitará a plantear las «inquietudes» de los vecinos de Gran Vía Sur-Puerto «entre muchos otros temas importantes» y «de forma general», por ser una primera toma de contacto. Hace unos días, anunciaba que sus primeras reclamaciones a la nueva Autoridad Portuaria pasarían por la eliminación del galeón y el tiovivo de la explanada y el control de la actividad de los manteros.

El portavoz del equipo de gobierno, Natxo Bellido, que también está en el Consejo pero como representante de la Generalitat escogido por Compromís, apuesta por el comedimiento. Aún así, se muestra de acuerdo con Pavón en que «es necesario garantizar que se cumpla la normativa ambiental» y en que «está claro que hay un problema y hay que buscarle solución». En su opinión, «no se trata de que no haya graneles, sino de que la actividad se desempeñe con garantías». Esta mañana está previsto que se reúnan Echávarri, Pavón y Bellido antes del Consejo y, según este último, abordarán cuál va a ser la postura del Ayuntamiento sobre este asunto, para evitar versiones diferentes.

C's quiere participar

El grupo municipal de Ciudadanos, por su parte, reclamó ayer que los partidos de la oposición estén presentes en el Consejo de Administración del Puerto. El concejal Vicente Buades, señaló que «debería haber representación de todos los grupos políticos para representar la pluralidad que han reflejado las elecciones municipales». Buades recuerda que C's representa a «27.000 alicantinos» y considera que el Ayuntamiento, la Diputación, la Generalitat y el Gobierno central deberían velar por «buscar consensos para integrar puerto y ciudad».