Sánchez reconoce que no podrá aportar todas las ayudas al plan de empleo y a libros de texto

El presidente de la Diputación de Alicante, César Sánchez, ha reconocido este miércoles durante el pleno ordinario que la institución no podrá sufragar la totalidad de las ayudas destinadas al plan de empleo de los ayuntamientos y a los libros de texto.

Sánchez, en contestación a la pregunta del portavoz del grupo socialista, José Chulvi, sobre el plan de empleo para los ayuntamientos, ha informado de que el crédito disponible de la Diputación en la actualidad para estas partidas no llega a 3 millones de euros "y no da para todo".

Según el convenio con la Generalitat, el ente alicantino debería aportar este año al plan de gratuidad de los libros de texto 5,9 millones de euros. Por otro lado, habría que añadir casi 1,9 millones de euros de las ayudas que han solicitado los 103 municipios inscritos en el plan de empleo, según ha indicado el diputado de Fomento y Desarrollo Local, Sebastián Cañadas.

Así, el presidente ha insistido en que lo que "más preocupa" a la Diputación son estas dos cuestiones, pero ha afirmado que existe "un problema real de disponibilidad de crédito". Una situación que, desde la institución provincial, lamentan que podría haberse subsanado si hubieran conocido con antelación el plan de gratuidad de los libros de texto del Consell para programar las consignaciones. No obstante, Sánchez ha recalcado la intención de hacer todo lo posible en este sentido.

Privilegios

Asimismo, durante el debate de la moción de Compromís para incluir un "decálogo por una Diputación sin privilegios", el portavoz del grupo del Partido Popular, Carlos Castillo, ha reiterado el "compromiso" de la rebaja de los sueldos de los diputados, aunque ha avanzado que estará condicionada al presupuesto de 2016. "Habrá una propuesta de bajada de los salarios que se va a concretar con el presupuesto para el ejercicio de 2016", ha señalado.

La moción proponía, entre otras medias, el recorte también del 15% del salario de los eventuales y que los diputados no cobren por asistencia a comisiones y otras entidades dependientes de la Diputación; que las contrataciones de cargos eventuales sea por currículum profesional y no político o que exista un control de la actividad de los diputados como en la telefonía o el uso de coches oficiales, así como de las subvenciones a los pueblos, que habrán de concederse siempre bajo criterios técnicos y ser publicados en un portal de transparencia.

Finalmente ha sido rechazada, pese a que los distintos grupos han manifestado su acuerdo en varios puntos, y el PP se ha ofrecido a "seguir debatiendo" estos temas en la Junta de Portavoces y también en la Comisión de Infraestructura, Modernización y Buen Gobierno "que para esto está", ha apuntado Castillo.

Por otra parte, se ha aprobado la moción presentada de forma conjunta por PP y Ciudadanos para instar a los ayuntamientos de la provincia a que no incluyan a los políticos en las mesas de Contratación, que éstas tengan un carácter público y se permita a cualquier ciudadano la asistencia a las mismas.

Sin embargo, el grupo socialista se ha manifestado "radicalmente en contra en el fondo y en las formas" y ha tildado la moción de "marketing político", algo en lo que también ha coincidido la portavoz de Esquerra Unida, Raquel Pérez. Un debate en el que también los distintos grupos que forman la corporación se han echado en cara unos a otros los casos de corrupción que han salpicado a cada partido.

Además, en contestación a preguntas de EU, el presidente provincial ha indicado que aún "quedan por nombrar" a los representantes en los órganos del MARQ, aunque ha apostillado que serán "los mejores". Por otro lado, el presidente ha avanzado que se está trabajando para colaborar con los municipios de la Vega Baja que, tras la orden judicial del cierre de la planta de residuos de Crevillent, deberán trasladar sus basuras al norte de la provincia e, incluso, ha apuntado la posibilidad de ofrecer subvenciones económicas en algún caso.