Echávarri y Sánchez Zaplana se enzarzan por las críticas sobre la situación económica

La delicada situación económica de las arcas municipales se ha convertido en el primer gran caballo de batalla entre el líder del tripartito, el alcalde Gabriel Echávarri, y la del partido mayoritario de la oposición, la portavoz del PP, Asunción Sánchez Zaplana. La concejal popular había evitado hasta ayer entrar en polémicas, pese a las críticas recibidas por parte del equipo de gobierno hacia la herencia de la gestión del PP en la pasada legislatura, a la que consideran culpable del mal estado de las arcas municipales y del pago pendiente de sentencias por más de 20 millones de euros.

Sin embargo, ayer salió por primera vez a la palestra para defender con uñas y dientes el estado en el que dejaron las cuentas después de que Echávarri avanzase que el estudio económico externo que se ha contratado deparará «sorpresas negativas», sin ir más allá. Sánchez Zaplana puso en duda la validez de este estudio, por no tratarse de una auditoría oficial de las cuentas, sino de un informe elaborado en el marco universitario del que dijo desconocer cómo y por cuánto se ha contratado.

Catedráticos de la UMH

En respuesta a estas afirmaciones, Echávarri aclaró posteriormente, en declaraciones a este diario, que el estudio que se ha encargado a dos catedráticos de la Universidad Miguel Hernández «en virtud de un convenio con el Ayuntamiento preexistente» y que ha costado 18.000 euros. Se trata, añadió, de un informe «muy completo» sobre la gestión económica y financiera del Ayuntamiento en los últimos años.

El alcalde ironizó con que el PP «está nervioso» por lo que pueda revelar este estudio y que por ello lo desacredita. «Les extraña porque si lo hubieran contratado ellos hubiera costado 100.000 euros, no 18.000», sentenció.

Sánchez Zaplana, por su parte, acusó al tripartito de querer «excusarse» en el PP para no «tomar decisiones». «Si hay un problema, como el pago de la sentencia de Hansa, hay que solucionarlo. Gobernar es eso, hay que tomar decisiones, no echarle la culpa al anterior, sino sentarse y trabajar», apuntó, y defendió que en el caso Hansa, que data de 1996, «no hay nada irregular» sino que es una situación «habitual en los municipios, sobre todo en cuestiones urbanísticas». Un desacuerdo entre empresa y Ayuntamiento que al final ha ganado la primera.

En su opinión, en vez de lamentarse por tener que pagar 18 millones, «lo que hay que hacer es trabajar en un plan de pagos» y se ofreció para ayudar al tripartito a hacerlo «si lo necesita». Defendió que el PP ha dejado el Ayuntamiento con remanente, sin facturas en el cajón, y con una deuda y un plazo de pago a proveedores por debajo de lo exigido. «Y no lo dice la portavoz del PP, sino el Ministerio de Hacienda», señaló, en referencia a los datos que se pusieron sobre la mesa en la reunión que el tripartito mantuvo sobre el plan de ajuste.

Por otro lado, acusó al equipo de gobierno de apropiarse de la negociación con Aguas de Alicante para que se hiciese cargo a coste cero del contrato de mantenimiento de las fuentes ornamentales de la ciudad, cuando «se negoció la pasada legislatura, en el marco de la absorción de Emarasa por Aguas de Alicante».