La Audiencia se pronunciará sobre los supuestos regalos a Castedo por Rabasa

El Mini Cooper y los viajes que presuntamente recibió Sonia Castedo como regalos de Enrique Ortiz por los supuestos empujones que dio desde el Ayuntamiento de la capital a la gestión de los intereses urbanísticos de este último podría incorporarse a la investigación del 'caso Rabasa'. La Audiencia Provincial de Alicante ha ordenado al juzgado instructor que tramite un recurso que la Fiscalía Anticorrupción había interpuesto contra la decisión de no indagar en este asunto que afecta a la exalcaldesa de la ciudad. Por aquel entonces, la antigua regidora municipal, del PP, se encontraba al frente de la Concejalía de Urbanismo y era Luis Díaz Alperi quien portaba la vara de mando del Consistorio.

Este último, Alperi, no figura entre los imputados por esta causa, la que investiga si se obró para que Ortiz sacara tajada con la instalación en la ciudad de Ikea y de 13.000 viviendas que se construirían en suelo de su propiedad en Las Lagunas de Rabasa. Además, ni Castedo ni el empresario se encuentran como imputados por un delito de cohecho, pero sí de otros como tráfico de influencias o prevaricación, una situación de la que el fiscal Anticorrupción, Felipe Briones, discrepa.

Así lo puso de manifiesto el representante del fiscal al recurrir una providencia del anterior titular del Juzgado de Instrucción 6 de Alicante, Juan Carlos Cerón, rechazando averiguar si la exalcaldesa recibió como dádivas del industrial el coche así como viajes pagados a Andorra o Ibiza en 2008 y 2009 por los presuntos favores en Rabasa.

Cerón argumentó entonces que esos hechos ya están siendo investigados por otro magistrado, el titular de Instrucción 5, Manrique Tejada, en otra de las piezas derivadas del 'caso Brugal': la relativa al antiguo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad, por la que también están imputados Ortiz y Castedo, entre una veintena de personas.

En marzo de este mismo año, el juez que sustituyó a Cerón en Instrucción 6 dictó un auto por el que se negaba a admitir a trámite un recurso de apelación ante la Audiencia formulado por el fiscal Anticorrupción Felipe Briones contra la citada providencia, lo que llevó al acusador a interponer un recurso de queja. Sin embargo, su predecesor debería haber dictado un auto y no una providencia, por lo que sí cabría recurso de apelación.

El tribunal de la Sección Tercera ha estimado la queja del fiscal alegando que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional establece que todas las resoluciones serán recurribles «en atención a su contenido y no a su forma». Por ello, otros tres magistrados de la Audiencia Provincial deberán determinar si las supuestas dádivas formarán parte de la extensa causa.

La exalcaldesa ya se defendió por los supuestos regalos en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) en 2012 como parte de la investigación del 'caso PGOU', que volvió al Juzgado de Instrucción 5 de Alicante. No obstante, en aquel momento tanto ella como Díaz Alperi se encontraban en situación de aforados por ocupar sus escaños como diputados autonómicos en Les Corts Valencianes.

Mientras, la tarea de proseguir con la instrucción de la otra gran pieza separada del 'caso Brugal' corresponde al magistrado César Martínez Díaz, designado por el Consejo General del Poder Judicial para ocupar el puesto de la titular, Ana Avedaño Muñoz, que se encuentra en la situación administrativa de servicios especiales en la Carrera Judicial, tal y como recogía el BOE de 7 de septiembre de este año. Lo que falta por saber es si las vacaciones de Castedo o el Mini serán objeto de investigación en este procedimiento.

Las pesquisas para investigar la tramitación del Plan Rabasa se iniciaron tras la denuncia de Esquerra Unida a raíz de las escuchas recogidas por agentes del Grupo de Blanqueo de Capitalers de la UDEF de Alicante. Tras el archivo inicial del juez, la Audiencia ordenó su reactivación a instancias de Anticorrupción y en los últimos meses el avance de las diligencias se ha visto demorado por los movimientos en el juzgado.

Por su parte, la representación letrada de la exalcaldesa Sonia Castedo, que ejercen Juan José Martínez y José María Asencio, reprochó mediante un escrito al fiscal Felipe Briones que pretenda que se juzgue a su patrocinada dos veces por lo mismo.