Puig amenaza con llevar la financiación a los tribunales si Rajoy no lo recibe este mes

La paciencia tiene un límite. Y la del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, está a punto de agotarse. El jefe del Consell anunció ayer que si Mariano Rajoy no lo recibe antes de que acabe este mes para abordar la situación de la Comunitat Valenciana y el sistema de financiación autonómica, el Consell acudirá a los tribunales para denunciar la infrafinanciación sistemática y reiterada que viene padeciendo la Comunitat.

Puig se ha cansado de ese ninguneo al que, a su juicio, viene sometiéndole el presidente del Gobierno desde su llegada al cargo. Casi 110 días después, Rajoy no sólo no se ha reunido con el presidente de la Generalitat -el único contacto que consta entre ambos es una conversación telefónica-, sino que ni siquiera le ha puesto fecha para ese encuentro. Una circunstancia que podría no resultar trascendente en otra coyuntura, pero que con un situación de asfixia financiera como la de la Comunitat -y con unas elecciones generales a la vuelta de la esquina- se convierte en objeto de máxima confrontación entre dos administraciones públicas de distinto signo político.

El anuncio de Puig de recurrir a los tribunales llega después de haber amagado en diversas ocasiones con ese escenario. El presidente del Consell ha venido advirtiendo de lo insostenible de la situación de la Generalitat, y ya había anunciado -también sus socios de Compromís- que en el caso de que el Gobierno no impulsara la modificación del sistema de financiación, lo llevaría al juzgado -la conselleria de Justicia está elaborando un informe para determinar si ante el Tribunal Constitucional o en la Audiencia Nacional-. Las cifras de los informes elaborados en el ámbito de la Comunitat -tanto por el grupo de expertos de Les Corts como por los premios Jaime I- como por los que llevan la firma del mismísimo ministerio de Hacienda coinciden a la hora de reconocer la infrafinanciación de la Comunitat, a la cola de todas las autonomías en términos per cápita.

A Puig le terminó de empujar a concretar este anuncio la última visita de Rajoy a la Comunitat. El presidente del Gobierno acudió a Valencia para participar el pasado día 3 en el acto de inicio de curso político de la formación que lidera Isabel Bonig. A los socialistas valencianos no les hizo ni pizca de gracia que el jefe del Ejecutivo central encontrara tiempo para dirigirse a sus compañeros de partido pero no haya tenido unos minutos, en los más de tres meses que lleva en el cargo Puig, para mantener un encuentro con el presidente de la Generalitat.

La maniobra del jefe del Consell logra además un efecto adicional. Si Rajoy anuncia ahora una fecha para ese encuentro, la conclusión que se obtendrá es que la pone como respuesta a la amenaza de la Generalitat acudir a los tribunales. Si mantiene su silencio y sigue sin recibir al presidente valenciano, la sensación de menosprecio hacia el presidente de la Comunitat Valenciana se consolidará, máxime después de haber recibido a muchos otros presidentes autonómicos. El jefe del Consell ha remitido además la tercera carta al presidente del Gobierno en la que le vuelve a plantear su solicitud y le remite el acuerdo alcanzado en Les Corts por todos los grupos, así como por la patronal, los sindicatos y los empresarios, en el que se reclama un nuevo modelo.

La respuesta del Ejecutivo central al ultimátum de Puig llegó de la mano del titular de Justicia, Rafael Catalá, que ayer se encontraba en Valencia. El ministro dijo no entender la intención de Puig de denunciar ante los tribunales la infrafinanciación que sufre la Comunitat Valenciana si los Presupuestos Generales del Estado para 2016 contemplan «1.600 millones más» para esta región -1.000 millones de ingresos adicionales por el sistema de financiación y otros 600 de ahorro de intereses-. El secretario autonómico de Financiación, Julián López, le recordó de inmediato al ministro que esos recursos «no son un regalo, sino los que corresponden por ley».

El ministro señaló que si la Generalitat «considera que el Gobierno o quien fuere comete algún incumplimiento de la normativa, hará muy bien en defender los intereses que le corresponde ante quien considere, pero no acabo de entender qué sentido tiene una denuncia», dijo, «si el Gobierno va a incrementar la financiación en 1.600 millones para la Generalitat».

Por su parte, la presidenta del PP valenciano, Isabel Bonig, acusó a Puig de «seguir utilizando la justicia para hacer política». La dirigente popular lamentó que el presidente del Consell haga «de oposición de la oposición» y que no haya asumido aún «que está en el Gobierno y que tiene que tomar medidas y decisiones».

El portavoz del PSPV, Manuel Mata, defendió que el Consell está trabajando para garantizar a la Comunitat una financiación «justa» y resolver el problema de los valencianos, ya que «somos la comunidad peor financiada de España, con mayor deuda per cápita y respecto al PIB», informa Efe. El de Compromís, Fran Ferri, aplaudió el anuncio de Puig. El de Podemos, Antonio Montiel, sin embargo, admitió que le «cuesta ver el recorrido» de esta medida, que a su juicio tiene más elementos de «presión», pero manifestó su apoyo a Puig si hay la «más mínima posibilidad» de que prospere. Ciudadanos rechazó la judicialización de la actividad política.