Llorens se sentará en el banquillo de los acusados el próximo mes de junio

Un tribunal ha fijado para los días 7, 8 y 9 del próximo mes de junio el juicio contra el exvicealcalde de Alicante Andrés Llorens (PP) por los delitos de prevaricación y falsedad documental que presuntamente cometió al adjudicar las obras de remodelación de una plaza, según indicaron a Efe fuentes judiciales.

El también exconcejal de Atención Urbana se enfrenta a una petición de la Fiscalía Anticorrupción de tres años de prisión, nueve de inhabilitación para cargo público y el pago de una multa.

Junto al exedil se sentarán en el banquillo de los acusados de la sección décima de la Audiencia Provincial tres técnicos de la citada Concejalía que intervinieron en el expediente administrativo del proyecto y el que entonces era responsable de la mercantil adjudicataria de las obras.

El fiscal anticorrupción de la Audiencia de Alicante, Felipe Briones, sostiene que Llorens adjudicó en 2009 de forma ilegal, en colaboración con los funcionarios encausados, el desarrollo de unas obras complementarias en la plaza de Magallanes, en el barrio de Florida, que en realidad habían sido finalizadas unos meses antes, por lo que debían ser objeto de un nuevo contrato.

Entre los técnicos procesados por estos hechos, que fueron denunciados en su día por la entonces portavoz del grupo municipal socialista, Carmen Sánchez Brufal, figura el jefe de servicio de Atención Urbana en esa época, Víctor López, para quien el fiscal reclama una pena de tres años de cárcel e inhabilitación por los delitos antes mencionados.

En la causa está personada como acusación particular la propia Sánchez Brufal, quien solicita para Llorens una pena de cuatro años, seis meses y un día de cárcel, once años de inhabilitación y una multa de 5.400 euros por un delito de prevaricación y otro continuado de falsedad en documento oficial.

Esta parte pide para López cuatro años de prisión, siete y medio de inhabilitación y la misma multa, mientras que para los otros tres acusados reclama multas y penas que varían entre el año y medio y los cuatro años y medio de cárcel, además de inhabilitación.

El Juzgado de Instrucción número 4 de Alicante investiga al que fuera número dos de la alcaldesa de la ciudad Sonia Castedo, desde mediados del año 2010, cuando se admitió a trámite la denuncia de Sánchez Brufal y que trasladó al Palacio de Justicia la Fiscalía Anticorrupción al ver indicios de delito. Desde entonces, los escollos para investigar la entrega de las obras de reforma de la plaza a Coinger SL, firma que en su día construyó el espacio público, han sido numerosos.

Sin embargo, de nada han servido los intentos por dar carpetazo al asunto por parte del que fuera vicealcalde, cuyo último recurso fue desestimado por la Audiencia Provincial de Alicante a principios de 2014. El proceso se ha visto paralizado con el sobreseimiento de las actuaciones por parte de la juez titular de Instrucción 4, desestimado también por la sede provincial ante el recurso interpuesto por Briones y la acusación particular.

Las presuntas irregularidades en la gestión de Llorens no han hecho sino incrementar los supuestos casos de corrupción vinculados al urbanismo alicantino, pues los dos anteriores alcaldes de la ciudad, Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo, ambos del PP, están imputados por el 'caso Brugal', que investiga posibles irregularidades en la tramitación del Plan General de Urbanismo. Sin olvidar el «caso Rabasa», cuyas pesquisas podrían conllevar nuevas imputaciones.