Bernat Sirvent
Domingo, 18 de octubre 2015, 00:32
El alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri, rechazó ayer una ocasión de oro para que se ultime la salida del rescate antes de 2016, tal y como pretende el Ayuntamiento de la capital para poder hacer frente a los millonarios gastos de dos sentencias judiciales (Hansa y Torre Placia). Así lo vino a explicar el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, después de participar en un acto sobre el plan de pago a proveedores con la patronal Coepa, cuyos presidente y tesorero, Moisés Jiménez y Antonio Galvañ, no asistieron al encuentro.
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La cita tuvo lugar en un conocido hotel de Alicante y Beteta, acompañado por el delegado del Gobierno en la Comunitat, Juan Carlos Moragues; el presidente de la Diputación, César Sánchez, y una nutrida representación del grupo popular en la Diputación y en el Ayuntamiento de Alicante, no desaprovechó para arremeter contra el alcalde socialista. Criticó que el Ministerio de Hacienda está a la espera de la contestación del equipo de gobierno de Echávarri.
El Ayuntamiento solicitó este verano revisar y cancelar las condiciones actuales del rescate (Plan Económico y Financiero) porque limitan la capacidad de maniobra política y económica del Gobierno municipal mediante una amortización de la deuda con fondos propios y la obtención, después, de nuevos fondos para el pago de esos fallos. El Ministerio impidió al consistorio, a principios de este mes de octubre, pedir un préstamo de 27 millones de euros para cancelar esa deuda. «Se sigue a la espera de una contestación», dijo Beteta, quien lamentó que el alcalde Echávarri no asistiera al acto de ayer «para compartir un rato en la sala o, después, poder ver los problemas en el propio hotel».
El alcalde Gabriel Echávarri se hallaba a esa misma hora en la última sesión de la cumbre iberoamericana de la Universidad de Alicante. Según fuentes de la Delegación del Gobierno y del Ministerio de Hacienda, «impuso» clausurar el acto y la organización se lo negó. La versión difiere algo de la del Ayuntamiento. Para que le diera tiempo, pidió intervenir en el acto de Beteta en último lugar (sin detallar si era para clausurar formalmente). «El alcalde tenía mucho interés en acudir, pero finalmente las dificultades encontradas han hecho imposible su presencia en el acto», añaden desde el Ayuntamiento, que habla de «segundo desprecio» de Beteta hacia la ciudad de Alicante después de que el 28 de septiembre no recibiera a la delegación alicantina y delegara en la secretaria general de Coordinación Autonómica y Local, Rosana Navarro.
«Sin duda, habrá tenido otros problemas de agenda que le habrán impedido venir. Parece que tenemos un cierto desencuentro de agendas, eso es una pena. Habrá otra ocasión para poder verlo, vengo mucho por aquí», comentó. Beteta dispone de segunda residencia turística en Alicante y recala muy a menudo por esta tierra, según fuentes próximas a él.
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La jornada de ayer, para debatir sobre el plan de pago a proveedores con Coepa y empresarios beneficiarios de él, dio poco más de sí. De Coepa (lastrada por un proceso de embargo por la Conselleria de Hacienda que puede suponer su liquidación) hubo una representación muy reducida. No acudieron ni su presidente, Moisés Jiménez, ni su tesorero, Antonio Galvañ. Encabezó la delegación el secretario Fermín Crespo, quien expuso a Beteta la necesidad de un nuevo modelo para acabar con la «infrafinanciación» histórica de la Comunitat, más inversión productivas y mejoras en las infraestructuras eléctricas de la provincia. A Crespo apenas sí le acompañaron algunos dirigentes de los sectores de transporte, transitarios y hosteleros. Mucho más arropado estuvo Beteta. Con César Sánchez, el presidente de la Diputación, llegaron los vicepresidentes Carlos Castillo y Eduardo Dolón. Del grupo municipal se dejaron ver Asunción Sánchez Zaplana, Carlos Barcala y Mari Carmen de España, así como el padre de ésta, el exsenador Julio de España. Por otro lado, dijo que los altos funcionarios están «peor pagados» que sus homólogos del sector privado raíz de que el magnate mexicano Carlos Slim, que se encuentra en la ciudad, afirmase que el salario de los funcionarios españoles es «muy, muy reducido».
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