Gobierno y Consell vuelven a la guerra por la negativa de Montoro a dar dinero

La Generalitat Valenciana vuelve a la guerra contra el Gobierno central, que se ha negado a adelantar los 55 millones de euros necesarios para devolver un 25% de la paga extra recortada a los funcionarios en 2012, una medida de la que sí se beneficiarán los trabajadores de la Administración del Estado. El Consejo de Ministros aprobó en septiembre que los empleados públicos recuperaran la parte del salario recortado hace tres años y el Consell anunció que haría lo propio con los autonómicos, sin contar que no tiene los fondos necesarios.

En total, son 150 millones de euros de los que la Generalitat no dispone (55 que se tendrían que abonar ahora en diciembre y otros 95 en 2016 para completar la extraordinaria) y que le ha reclamado al Estado. Sin embargo, el Gobierno central se lo ha denegado para mayúsculo enfado de los partidos que sustentan el Consell, que consideran una «ofensa» y un «ataque» del Ejecutivo central a la autonomía esta decisión. Abre una nueva brecha entre administraciones, cuando todavía se tiene que abordar el modelo de financiación autonómica. Y todo ello, con una campaña electoral nacional en ciernes.

La Generalitat, ante la mala situación financiera que mantiene, había acudido al Gobierno central para que les adelantara este montante a través de algunas de las herramientas financieras que han mantenido con respiración asistida a la Administración autonómica. Sin embargo, en esta ocasión, el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, comunicó al conseller de Hacienda, Vicent Soler, que no se habilitará ningún instrumento para que la Generalitat pueda financiar ese pago.

El escrito de Beteta señala que corresponde a cada Administración pública decidir el abono de esas cantidades, «condicionado a que la situación económico financiera lo haga posible, y por tanto, dentro de los objetivos de déficit y deuda pública» fijados en la ley de estabilidad presupuestaria, que la Administración valenciana no cumple. Por lo tanto, la Generalitat no podrá devolver ese 25% de la paga extra e incumple así otro de sus compromisos, lo que ha soliviantado a todos, desde el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, a los portavoces de todos los partidos en Les Corts, menos el PP, claro.

El president de la Generalitat, Ximo Puig, aseguró que «el responsable» de la situación económica de la Comunitat es el Gobierno de España porque es «incapaz» de sentarse a dialogar con las comunidades autónomas para lograr una solución al problema de financiación autonómica.

Respecto a la paga extra a los funcionarios de la Generalitat, Puig aseguró que el Ejecutivo central debe transferir esos recursos a las comunidades autónomas y denunció que la actitud del Gobierno con la Comunitat es «extraordinariamente lesiva».

Un poco más allá fue el portavoz socialista en Les Corts, Manuel Mata, quien calificó de «agresión y burla» el hecho de que «no se quiera colaborar» para poder devolver a los funcionarios un derecho. Criticó la «maldad, perversidad e intromisión» del ministro Montoro al excluir la aportación del Gobierno al vincularla al cumplimiento del déficit.

Para Mata, es «sangrante» que el Gobierno quiera que los funcionarios valencianos sean diferentes del resto, y ha lamentado la «ofensiva antivalenciana» del Gobierno central, que además de esta negativa no recibe al president de la Generalitat, merma las aportaciones del FLA y no tiene voluntad de mejorar la financiación. Se comprometió a que los funcionarios de la Generalitat «van a recibir la parte de la paga extra que les corresponda» a pesar del incremento de déficit: «Será falso y perverso, porque es el propio Gobierno central el que nos empuja a ello», aseguró.

La portavoz adjunta de Compromís Mireia Mollà se preguntó «qué clase de ministro» es Montoro y ha lamentado la «agresión» y la «ofensiva» del PP ante un asunto que «no tiene más discusión». Desde Podemos, su portavoz, Antonio Montiel, opinó que Montoro «no tiene vergüenza» y es «un personaje lamentable», pues no ha habido «ningún ministro de Hacienda» en la historia de la democracia que haya usado los resortes de la Administración pública de manera «más sectaria» y «más condenable».

También se les unió la portavoz de Ciudadanos, Carolina Punset, para quien Montoro debería «tener un poco de vergüenza torera» y haber revisado una ley de financiación de las comunidades autónomas que lleva dos años «caducada», para dar una financiación «justa» a las Comunidades, en especial a la valenciana, cuya infrafinanciación es «intolerable».

La única que salió en defensa del ministro fue la portavoz del PP, Isabel Bonig, para quien el Consell se lamenta a diario de que no hay dinero y necesita una financiación nueva mientras anuncia medidas que suponen más gasto. Considera que si la Generalitat quiere pagar la extra tendrá que «priorizar y recortar donde haya que recortar» en los presupuestos del 2016.