El tripartito quiere eliminar del PGOU el artículo que permite el macrocentro junto a Ikea

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante quiere anular la modificación puntual número 31 del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1987 --aprobada por el Partido Popular en el año 2010-- que posibilitaba la instalación de un macrocentro comercial en Rabassa.

Así lo ha afirmado el vicealcalde y concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Pavón, quien ha defendido esta postura ante los comerciantes en la reunión del Consejo Local de Comercio que se celebra este miércoles.

Pavón ha explicado que sin esa modificación del artículo 95 sobre los tipos de comercio y que fija las ubicaciones donde pueden instalarse, el Plan General no permitía en Rabassa la ubicación de un macrocentro comercial como el que está asociado a la implantación de Ikea en la Actuación Territorial Estratégica (ATE) que promueve Alicante Avanza, en la que participa el constructor Enrique Ortiz.

A su juicio, esa modificación "no tiene sentido" y desde la Concejalía de Comercio la han calificado de "traje a medida" en referencia al beneficio que suponía para Ortiz. No obstante, han apuntado que la multinacional sueca no tendría problema para instalarse en Rabasa, sin el macrocentro comercial anexo.

Gabriel Echávarri

Por otro lado, preguntado el alcalde, Gabriel Echávarri, por la repercusión en las arcas públicas si falla el proyecto de la instalación de Ikea, ha declarado que la decisión es de la Generalitat y respecto a las publicaciones sobre que vaya a "costar mucho dinero a los alicantinos", ha pedido que "no imputen responsabilidades" al Ayuntamiento.

Asimismo, ha añadido que, al parecer, hay un crédito --por el que Ortiz debe al banco Sabadell unos 40 millones de euros--, y que si no se paga la entidad catalana sería la propietaria de los terrenos, al igual que el Fondo de Garantía, que también asume parte del crédito.

"Por eso dicen que lo van a pagar todos los españoles; todos los españoles serán propietarios de una magnífica parcela en la mejor zona de Alicante de desarrollo industrial", ha manifestado Echávarri con ironía.

"El árbol del miedo"

El alcalde ha insistido al reclamar que "no se traslade la responsabilidad a quien no la tiene" y que "dejen de agitar el árbol del miedo", porque parece que los españoles tuvieran que ir al banco a "ingresar 50 euros" o que "lo vayan a quitar del sueldo".

Por contra, ha argumentado que hay unos activos que pasarían a ser "propiedad del Banco Malo, que es de propiedad pública". En definitiva, ha resumido, a parcela sería de titularidad pública por el impago del préstamo.