El tripartito de Alicante sentencia el macroproyecto de Ikea en Rabasa

Ikea no podrá instalarse en Rabasa. Al menos con el macrocentro comercial vinculado con el que aparece en el proyecto urbanístico que se está tramitando en la Generalitat. El Ayuntamiento de Alicante va a utilizar la herramienta más potente que tiene en su mano para frenar esta iniciativa: el Plan General de Ordenación Urbana.

Ayer llevó al Consejo Local de Comercio, por sorpresa, una propuesta para dejar sin efecto la modificación del PGOU que llevó a cabo el equipo de gobierno de Sonia Castedo en 2010 y que posibilitaba la instalación de grandes superficies comerciales en el sector de Rabasa. Una posibilidad que hasta entonces estaba vetada por el artículo 95 de las normas urbanísticas.

Se trata, en concreto, de la modificación número 31 del PGOU, que está siendo investigada en el marco de la pieza del 'caso Brugal' relativa al presunto amaño del plan Rabasa, precursor de la ATE de Ikea, para favorecer al empresario Enrique Ortiz. Si se da marcha atrás en esta modificación y se vuelve a la situación anterior a la misma, el macrocentro comercial proyectado en la Actuación Territorial Estratégica (ATE) no podrá instalarse en Rabasa. Por lo que el proyecto quedaría sentenciado.

Por el momento, el Consejo Local, que es meramente consultivo, le dio ayer su aprobación a esta propuesta, pese a que el concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Pavón, la metió casi con calzador, aprovechando que Comercio ya llevaba en el orden del día otra modificación del artículo 95 del PGOU. En este caso, como ya informó este diario, para permitir que grandes supermercados y tiendas se instalen por toda la ciudad, y no solo en los ejes comerciales.

La inclusión, a última hora, en este punto, del asunto relativo a Rabasa, despertó las airadas críticas de la oposición, PP y C's, que directamente se negaron a votar la propuesta, ni a favor ni en contra. No obstante, salió adelante por una amplia mayoría, dado que obtuvo el respaldo de la mayoría de las asociaciones de comerciantes, a excepción de dos, Pla Carolinas y Los Ángeles, que se abstuvieron. Este respaldo le da fuerza al tripartito para llevar pronto esta propuesta a Pleno, que es donde tendrá que aprobarse inicialmente para después buscar el visto bueno definitivo de la Generalitat.

Pavón ya defendió estando en la oposición la suspensión de esta modificación puntual del PGOU, que considera que se aprobó «a la carta» para favorecer los intereses de los promotores del plan Rabasa, precursor de la ATE que ahora se está tramitando. La modificación puntual número 31 del Plan General de Alicante fue definitivamente aprobada por la Generalitat mediante resolución de 24 de octubre de 2013, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia el 14 de marzo de 2014. Previamente fue objeto de aprobación provisional municipal mediante acuerdo del pleno del Ayuntamiento de fecha 30 de julio de 2010.

Esta modificación hacía referencia, en concreto, al artículo 95 del PGOU, que es el que regula los usos comerciales y sus emplazamientos, para permitir que Ikea y su complejo se estableciesen en la zona de Rabasa. En el mismo Pleno se aprobó un convenio entre el Ayuntamiento, Ikea y la mercantil urbanizadora del Plan Parcial de Rabasa, Viviendas Sociales del Mediterráneo SL, para regular las condiciones de la implantación del centro comercial. Dicha modificación puntual y del convenio está siendo investigada, dado que ambos se produjeron cuando el plan Rabasa estaba ya suspendido por los tribunales.

Desde Comercio explicaron ayer que esta suspensión afectará a la instalación del macrocentro comercial, pero no la de Ikea. Es más, con los cambios que ellos van a introducir sobre los grandes comercios, apuntaron «por poder, Ikea podría implantarse incluso en la Rambla» o en cualquier avenida principal de la ciudad.

Repercusiones económicas

Por otro lado, el alcalde, Gabriel Echávarri, habló de las posibles repercusiones económicas de la suspensión de la ATE, tras conocerse que el Sabadell podría reclamar a los promotores el pago del crédito de 40 millones concedido, que podría acabar asumiendo la Sareb. «Lo que pasará es que todos los españoles serán propietarios de una magnífica parcela en la mejor zona de desarrollo industrial», manifestó, con ironía, y pidió que «dejen de agitar el árbol del miedo». También puso en duda que, si se suspende la ATE y los promotores demandan al Consell o al Ayuntamiento, reciban una indemnización. «No tienen ningún derecho adquirido. No hay nada aprobado», apuntó.