El juez rechaza que declaren los policías por informes del PGOU

La instrucción de las ramas del urbanismo de la ciudad de Alicante del 'caso Brugal' anda liada en la resolución de recursos varios. Tanto la pieza separada que afecta a la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) como la del Plan Rabasa aguardan un último empujón antes de dar por finiquitada su investigación. Por ello, el juez instructor del 'caso PGOU', Manrique Tejada, ha rechazado llamar a declarar a los agentes del Grupo de Blanqueo de Capitales de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que llevan a cabo el grueso de la investigación.

El redactor del Plan General, el imputado Jesús Quesada, solicitó al magistrado que testificaran por la elaboración de los informes policiales que, junto a los pinchazos telefónicos, sustentan la acusación de presunta corrupción en el seno del Ayuntamiento de Alicante cuando Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo, imputados entre la veintena de investigados junto a Enrique Ortiz, gobernaban en la casa consistorial.

El titular de Instrucción 5 de la capital recuerda en su auto, notificado a comienzos de mes, que no se trata el momento procesal en el que los policías deban declarar por su labor investigadora. «Es evidente», sostiene el juez, «que las diligencias de prueba ahora solicitadas podrán practicarse, en su caso, en el plenario donde el juez sentenciador las valorará como prueba del proceso».

Según informaron las fuentes jurídicas consultadas por este diario, el redactor del plan, anulado tras años de gestiones, sostiene que los funcionarios policiales alcanzaban conclusiones que, a su juicio, resultan erróneas. El juez que dirige las diligencias de este asunto, que acumula ya 123 tomos, insiste en que la vasta documentación cuenta con «informes policiales que también podrán, en su caso, ser adverados (notificados digitalmente) por los funcionarios que los elaboraron y a los que las partes podrán interrogar» en el momento para hacerlo.

La decisión del juez responsable de un caso de tumbar la solicitud de la representación letrada de Quesada se basa en el hecho de que «la denegación de pruebas que el juzgador estima inútiles no supone necesariamente indefensión», puesto que dicha facultad «viene impuesta por evidentes razones prácticas como la de evitar dilaciones injustificadas del proceso», como razona el magistrado en su auto.

Las últimas diligencias solicitadas por el juzgado se remiten a la incorporación del informe económico elaborado por la consultora KPMG Asesores SL para Bankia sobre los presuntos beneficios del empresario Enrique Ortiz con el reparto del suelo de la ciudad. Dicho informe recoge que el promotor inmobiliario podría haber logrado unos jugosos beneficios de 320 millones de euros con la venta de terrenos a un precio sustancialmente inflado, según refleja la documentación.

Mientras tanto, la pieza relativa a la tramitación del Plan Parcial Las Lagunas de Rabasa sigue a la espera de si el nuevo juez instructor incorpora la supuestas dádivas recibidas por los exmunícipes del Partido Popular de manos de Enrique Ortiz por allanarle el camino para la venta de suelo destinado a la instalación de Ikea y a una macrourbanización de más de 13.000 viviendas.

La Audiencia de Alicante admitió la queja del fiscal Anticorrupción, Felipe Briones, a la decisión del Juzgado de Instrucción 6 de no investigar los viajes vacacionales de Castedo o el presunto regalo del Mini Cooper, por lo que otra sección decidirá si se incorpora.