Los enfermeros amenazan con movilizar «un millón de votos» en contra del PP

El artículo 3 ha sido el culpable de desatar una tormenta sobre la sanidad española. Esta parte del real decreto sobre el uso racional de los medicamentos y productos sanitarios pretendía permitir a los enfermeros españoles «indicar, usar y autorizar la dispensación de medicamentos sujetos a prescripción médica» si estaban acreditados. Eso es lo que pactaron la Mesa de la Profesión Enfermera (formada por el sindicato Satse y el Colegio General de Enfermería) y el Ministerio de Sanidad. Sin embargo, en el texto aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros se añadió que «será necesario que el correspondiente profesional prescriptor haya determinado previamente el diagnóstico, la prescripción y el protocolo a seguir». En definitiva, que todo seguía igual a pesar de lo acordado con la Mesa.

Y este cambio ha provocado que el Colegio General de Enfermería (CGE) cargue con dureza contra el ministro de Sanidad. «Cobarde», «embustero» o «felón» han sido algunos de los calificativos que le ha dedicado Máximo González Jurado, presidente de los enfermeros españoles, a Alfonso Alonso. «Si se trata de demostrar la fuerza, lo vamos a hacer. Que no le quepa duda a ningún señorito de extrema derecha. No han valorado el número de personas que movemos», advirtió ayer González Jurado en una comparecencia inusualmente dura contra el Gobierno y el Partido Popular. Porque el máximo responsable del CGE recordó que son capaces de movilizar «un millón de votos» en contra del actual Ejecutivo. A los 275.000 profesionales que trabajan en España hay que unir los 50.000 estudiantes que están en las facultades y a todas sus familias.

Todos ellos serán informados por sus colegios y por el Sindicato de Enfermería de la «traición» que ha realizado Alonso. También serán informados los pacientes y las asociaciones para explicarles qué está sucediendo. Esta campaña informativa es una de las tres patas de movilizaciones aprobadas por la Mesa. Los otros dos bloques serán administrativos y jurídicos. En el primero, se enviarán cartas a las 17 consejerías para explicarles su punto de vista y se mantendrán reuniones con los diferentes partidos políticos -el lunes fue con el PSOE, hoy con Ciudadanos y falta cerrar sendas reuniones con Izquierda Unida y Podemos- para intentar modificar el real decreto si llegan a la Moncloa. No obstante, las medidas de más calado están en el aspecto jurídico.

La Mesa prepara una querella criminal contra Alonso ante el Tribunal Supremo por prevaricación en la tramitación del polémico texto. También ante este alto tribunal quieren acudir para interponer un recurso contencioso administrativo solicitando la suspensión cautelar del polémico texto por nulidad de pleno derecho, en lo referido al ya famoso artículo 3; y tampoco descartan acudir a la Comisión Europea, según indicó Víctor Aznar, presidente de Satse, por la «vulneración de cualificaciones profesionales».

Todas estas medidas se pondrán en marcha después de que el real decreto se publique en el BOE. Cuando ocurra, la Mesa propondrá a todos los profesionales que realicen una huelga «competencial», es decir, que disciernan entre «lo que tienen que hacer y lo que no pueden hacer». Tanto el Satse como el CGE valoraron en unas 1.500 las actuaciones en las que las enfermeras ya están prescribiendo medicamentos, como el uso de cremas, regular la medicación a pacientes crónicos en las consultas o la administración de una vacuna tras una valoración clínica. Sin embargo, los médicos difieren de este análisis. «Vacunar lo dice la autoridad sanitaria. Ni los médicos nos podemos oponer ni cambiar el calendario, ni ellos (por los enfermeros) deberían oponerse a vacunar», comentó Juan José Rodríguez Sendín, presidente de la Organización Médica Colegial, quien pidió diferenciar entre la administración de un medicamento y las actuaciones de un protocolo «establecido», donde está todo «claro».