El PP no descarta llevar a los tribunales al tripartito por el informe económico

El grupo popular en el Ayuntamiento de Alicante ha anunciado hoy que está "estudiando la posibilidad" de llevar al gobierno tripartito -PSOE, Guanyar Alacant, Compromís- a los tribunales, al considerar que el contrato del informe económico externo que éste ha pedido "podría estar suscrito en fraude de ley".

Así lo ha manifestado, en rueda de prensa, la portavoz del grupo popular, Asunción Sánchez Zaplana, quien ha estado acompañada por el portavoz adjunto, Luis Barcala.

A pesar de tal afirmación, ninguno de los dos ha concretado por qué delitos se produciría la hipotética denuncia, ya que, para ello, necesitarían "la totalidad del expediente para saber efectivamente el alcance que puedan tener los hechos".

"Comprendemos que si el expediente contiene más documentación de la que se nos ha facilitado, pues empezamos a entender por qué no se nos facilita. Y si no la tiene, pues esa constatación nos serviría para terminar calificando qué es lo que ha pasado aquí", ha dicho Barcala, quien ha añadido que su partido llegará "hasta las últimas consecuencias, sin ningún género de dudas".

Sánchez Zaplana ha explicado, por su parte, que el decreto y el contrato para este informe deberían justificar la imposibilidad de llevarlo a cabo por los medios propios de los que dispone el consistorio, algo que, según la información de la que ellos disponen, no ocurre.

Ha destacado que, en la actualidad, el Ayuntamiento de Alicante está sometida a cuatro controles financieros: el interno de los técnicos de la Concejalía de Hacienda, el del Tribunal de Cuentas, el de la Sindicatura de Cuentas y el del Ministerio de Hacienda, debido al plan de ajuste al que el consistorio se suscribió, según la portavoz popular, "de forma voluntaria" en 2011.

Ambos ediles del PP han detallado que ya existen varias sentencias del Tribunal de Cuentas en las que se plasma la ilegalidad de llevar a cabo auditorías externas por parte de los ayuntamientos.

Para Barcala, esta actuación del gobierno municipal, además de haberse hecho "de forma burda", pretende "enmascarar una auditoría encubierta con intenciones electoralistas y partidistas".

Mientras, Sánchez Zaplana ha criticado que el alcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri, declarase que del informe se extraerían "sorpresas sorprendentes" apenas dos días después de que la Universidad Miguel Hernández (UMH) -entidad a la que se le ha encargado- recibiera la petición de manera oficial por registro.

Cuestionada sobre el hecho de que desde 2012 el interventor municipal no era habilitado nacional y que, por tanto, el control interno no estaba garantizado como marca la ley, Sánchez Zaplana ha respondido que entonces lo que se tendría que haber hecho es "denunciar que había habido una presunta no fiscalización de las cuentas y de la intervención".

"¿Estamos hablando de que alguien se ha saltado todos los controles? Porque eso es muy grave... En este caso lo que nos preocupa qué es, pues que las cosas se hayan hecho bien; y las cosas se han hecho bien, porque si no ¿los órganos de control qué habrían dicho?", ha dicho.

Preguntada entonces por el informe de la Sindicatura de Cuentas en el que puntuaba a Alicante como la ciudad con peor control interno de la Comunitat, la portavoz popular, siempre tratando el tema como una "hipótesis", se ha limitado a responder: "¿Eso se resuelve con un contrato para un informe de profesionales de reconocido prestigio? Yo creo que no".

Inquirida sobre si pondría la mano en el fuego por la gestión del exconcejal de Hacienda Juan Seva, ha aseverado que no pone la mano en el fuego "por nadie", aunque ha matizado que está "segura" de que tanto él como su sucesor, Pablo Sandoval, actuaron siempre siguiendo las instrucciones de los trabajadores municipales.