Cae una organización paquistaní de explotación laboral de compatriotas

Una operación conjunta de la Policía Nacional y la Guardia Civil, con la colaboración de Europol, ha permitido desarticular una organización de origen paquistaní que introducía ilegalmente a compatriotas en España, Alicante incluida, y otros países europeos para explotarlos laboralmente en locales de comida rápida tipo 'kebab'. El operativo se ha saldado con la detención de 25 personas en España -en Málaga, Cádiz, Badajoz, Alicante y Sevilla- y cuatro en Polonia. Se han llevado a cabo 23 registros domiciliarios en España y se han realizado 60 inspecciones en establecimientos de comida rápida, durante los cuales se han localizado a 26 ciudadanos paquistaníes en situación irregular, según informó ayer el Ministerio del Interior.

Los 'cabecillas' de la organización habían creado un complejo entramado empresarial formado por más de medio centenar de establecimientos de comida rápida tipo 'kebab' donde explotaban laboralmente a inmigrantes de origen paquistaní después de introducirlos ilegalmente en España con falsas promesas de regularizar su situación por unos 14.000 euros por persona a través de Libia e Italia o atravesando Turquía y Grecia.

Las condiciones de transporte hasta España, además, se realizaban en unas pésimas condiciones e incluso uno de los inmigrantes falleció por inhalación de gases en la bodega del barco en el que era transportado. Asimismo, durante el operativo se han incautado varios vehículos, dinero en metálico e importante documentación incriminatoria, que está siendo analizada por expertos policiales.

La operación, encuadrada en el Proyecto 'Jot Mare' contra el tráfico ilegal de inmigrantes que operan en el Mediterráneo, ha contado con la participación de casi 250 agentes, tanto de la Policía Nacional como de la Guardia Civil, así como de la Unidad Regional de Guardia de Fronteras de Nadwislanski (Polonia) y miembros de Europol destacados en ambos países. Han colaborado funcionarios de la Inspección de Trabajo, Tesorería General de la Seguridad Social y de Hacienda.

La investigación arrancó tras detectarse entre mediados de 2011 y finales de 2012 la apertura de un elevado número de establecimientos de comida rápida tipo 'kebab' con poca actividad comercial o inclusa nula y que eran regentados por ciudadanos de origen paquistaní. Además, en todos se encontraron empleados trabajando de forma irregular en España.

Se detectaron entonces tres cadenas distintas de kebabs que respondían a diferentes nombres comerciales pero que, sin embargo, estaban vinculadas entre sí por las relaciones que existían entre sus propietarios, que disponían de 14 locales distribuidos por toda la provincia de Cádiz. Se comprobó después que la red se extendía también a diversas localidades de las provincias de Málaga, Sevilla, Córdoba, Granada y Jaén, contando con más de medio centenar de establecimientos dirigidos por diferentes miembros de la organización desarticulada.

También se pudo constatar el acercamiento de la red a otro tipo de actividades, habiéndose detectado locales dedicados a la venta de fruta y verdura en Jerez de la Frontera (Cádiz) y Antequera (Málaga) propiedad también de los mismos. La organización había construido un entramado empresarial compuesto por más de 30 sociedades limitadas constituidas con un capital mínimo y vinculadas entre sí por cotitularidad, que amparaba su actividad comercial ante organismos estatales de inspección y justificaba la supuesta relación laboral con empleados que, si bien se encontraban 'de facto' trabajando, no estaban regularizados laboralmente ya que se encontraban en España de forma irregular. Este entramado era utilizado por la organización para obtener permisos de estancia en España para los inmigrantes.