El alcalde no tiene claro si hay que exigir licencia ambiental a los graneles

Las posturas del alcalde, Gabriel Echávarri, y del concejal de Urbanismo y vicealcalde, Miguel Ángel Pavón, vuelven a diferir. En este caso, su discrepancia tiene que ver con la pertinencia o no de la exigencia de la licencia ambiental a la Autoridad Portuaria por la actividad de carga y descarga de graneles.

Mientras Pavón ha dejado claro en varias ocasiones que esta licencia ambiental es exigible y, de hecho, ya ha reclamado formalmente a la Autoridad Portuaria que remita la documentación necesaria para tramitarla, ayer el alcalde no se mostró, ni mucho menos, tan convencido al respecto.

Echávarri aseguró que hay una discusión sobre si debe existir una licencia para cada empresa o una licencia general para el Puerto. «Es una controversia jurídica, no resuelta» sobre un espacio «complejo» en el que confluyen Ayuntamiento, Generalitat y Estado, manifestó. El alcalde no quiso mojarse dando su opinión, pese a que su equipo de gobierno, a través de la Concejalía responsable, ya lo ha hecho. Se limitó a pedir que se cumpla «escrupulosamente» la ley porque de lo contrario se comete «una ilegalidad» pero no entró en si la no petición de la licencia ambiental lo es.

Por el contrario, dio a entender que aún queda mucho que debatir al respecto y confió en que sean los abogados especialistas en medio ambiente de la Generalitat y del Estado quienes «digan qué tipo de licencia deben tener».

Así se lo trasladará la semana que viene al presidente de la Autoridad Portuaria, Juan Antonio Gisbert, en una reunión que tienen ya concertada y en la que tienen previsto abordar este asunto, entre otros, como la limitación de horarios de los locales de ocio de la zona portuaria, o las actividades autorizadas.

Hay que recordar que el anterior equipo de gobierno llegó a firmar un borrador de convenio con el Puerto para la limitación de los horarios de las discotecas, a petición de los hoteleros, pero no se llegó a aplicar.

En el asunto de los graneles, la postura de Gisbert difiere mucho de la de Urbanismo, ya que la pasada semana el presidente del Puerto dejó claro en una reunión con colectivos vecinales que, en su opinión, esta licencia no es exigible y que la actividad se desempeña en condiciones de completa legalidad.

Uno de estos colectivos vecinales, la Asociación Gran Vía Sur-Puerto, presentó la semana pasada una denuncia ante Fiscalía Anticorrupción por entender que las autoridades podrían haber cometido un presunto delito de prevaricación al no exigir esa licencia.

Al respecto, Echávarri se mostró ayer «extrañado» de que los vecinos no hayan presentado esta denuncia «en diez años, con gobiernos del PP», sino «ahora», cuando el equipo de gobierno lleva «tres meses».

Los vecinos han dejado claro que no es el tripartito su objetivo.