Apresan al ingeniero jefe del Juzgado de Aguas por el macrofraude del AVE

Faltaba ponerle la tercera pata al banco. Y ayer lo hicieron los funcionarios de Vigilancia Aduanera y los agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Murcia con la detención del ingeniero jefe del Juzgado de Aguas de Orihuela, José Manuel Fernández Pujante, como sospechoso de haber constituido varias sociedades mercantiles junto con el exjuez de Aguas, Jesús Abadía, y con el exsecretario de esa institución, Aníbal Bueno, que habrían servido para cometer un fraude millonario a la Hacienda Pública. Los dos últimos se encuentran ingresados en prisión desde el pasado domingo, lo cual no constituye una situación alentadora para el mencionado ingeniero, que será puesto en las próximas horas a disposición del titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Murcia, Francisco Navarro, que dirige las investigaciones.

La redada de ayer, en la que fueron arrestados además cuatro supuestos testaferros de José Manuel Fernández, constituye la tercera fase de una operación policial que se inició hace dos semanas con la detención de un constructor de Murcia, Juan Ortiz, administrador de Obras Marimar SL, y de un grupo de familiares y colaboradores suyos. Fueron encarcelados el mencionado empresario y un supuesto emisor de facturas falsificadas.

La segunda fase se desarrolló el pasado fin de semana, con los arrestos del juez de Aguas de Orihuela, Jesús Abadía, y del exsecretario de ese organismo, Aníbal Bueno, por sospechas de vinculación con el mismo fraude. También ambos acabaron en prisión preventiva.

En la mañana de ayer, un numeroso grupo de funcionarios de Aduanas y de guardias civiles detuvieron al ingeniero jefe del juzgado, José Manuel Fernández Pujante, quien presuntamente fundó varias mercantiles junto a Abadía y Bueno. Estas empresas, que se habrían adjudicado algunos trabajos relacionados con las obras para traer el AVE a la Región de Murcia desde Alicante, habrían utilizado facturas falsas con el aparente fin de desgravarse cantidades millonarias en concepto de IVA. Tanto es así que el fraude global está cuantificado en unos 15 millones de euros, según fuentes próximas al caso. Entre los arrestados ayer hay familiares directos y supuestos testaferros de Fernández Pujante, que habrían sido utilizados para constituir parte del entramado empresarial.

Las diligencias investigan presuntos delitos de fraude, falsedad documental, contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales.