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Eva María Lahoz
Miércoles, 11 de noviembre 2015, 00:33
El alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri, ha rechazado la petición del grupo municipal popular de tener acceso directo a los registros municipales de entrada y salida (el General y el de Urbanismo).
Pero lo más llamativo del caso es que, para hacerlo, ha copiado los argumentos que utilizó en su día Sonia Castedo para impedir este libre acceso a la documentación, en la que desde el grupo socialista, al que pertenece Echávarri, y el de EU, exgrupo del vicealcalde, Miguel Ángel Pavón, llamaron la 'circular mordaza'.
El grupo municipal del PP, en concreto, la concejal Mari Carmen de España, registró el 30 de septiembre un escrito dirigido a Alcaldía en el que solicitaba el acceso a los registros oficiales del Ayuntamiento en las condiciones anteriores a las que impuso Castedo. Es decir, que se remita diariamente a cada grupo, por vía telemática o en documentos impresos, los dos registros.
Así se hacía hasta que a principios de 2014, la entonces alcaldesa emitió una circular en la que, basándose en un informe de Secretaría General del Pleno, denegaba este acceso a los registros a la oposición y les obligaba a consultarlos 'in situ' en las correspondientes oficinas, sin poder hacer copias.
El argumento en el que se basaba este informe de Secretaría de Pleno era el cumplimiento de la ley de protección de datos. Y es el mismo informe y argumento al que se acoge ahora Echávarri para denegar la petición del PP.
El alcalde explica en su escrito que desde vicesecretaría le han remitido a ese informe al preguntar por el particular. Añade que el Ayuntamiento «está trabajando para habilitar un programa informático que permita facilitar el acceso a los documentos, sin vulnerar la normativa de protección de datos». Pero por el momento deniega este acceso.
El informe del secretario, Germán Pascual, se preguntaba si «cede el derecho de los ciudadanos a la protección de datos de carácter personal frente al derecho que, en ejercicio de su función de control del gobierno local tienen los concejales a la cesión de los datos protegidos». Y respondía que, para conciliar ambos derechos, «el examen de los listados en las oficinas sede de los registros, sin poder obtener copias automáticas o genéricas de las anotaciones, permite suficientemente el ejercicio del derecho edilicio, respetando el de los ciudadanos».
Además, se establecían restricciones para la petición de otro tipo de documentación oficial.
Tanto los socialistas como EU pusieron entonces el grito en el cielo por la que calificaron como 'circular mordaza' y el PSOE llegó a llevar al equipo de gobierno a los tribunales y a ganar un procedimiento basado en la negación de cierta documentación, amparándose en esta circular.
Por ello sorprende que ahora Echávarri se base en este mismo informe para denegar la petición de los populares, sin encargar siquiera uno nuevo sobre el particular. Ello aunque ofrezca a los ediles de la oposición la propuesta de una alternativa telemática, sin concretar tampoco cuándo estará disponible.
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