Prisión para el ingeniero jefe del Juzgado de Aguas de Orihuela por el fraude millonario del AVE

Se dieron la mano en el mundo de los negocios y ahora tendrán la oportunidad de estrechársela tras los muros del centro penitenciario de Sangonera la Verde. El titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Murcia, Francisco Navarro, ha ordenado ya el ingreso en prisión de seis sospechosos de implicación en un fraude multimillonario cometido en torno a las obras del AVE entre Alicante y Murcia. Los dos últimos en ser privados de libertad han sido el ingeniero jefe del Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela y responsable del departamento técnico de ese organismo, José Manuel Fernández Pujante, y uno de sus socios, según confirmaron ayer a 'La Verdad' fuentes próximas a la investigación.

La decisión del magistrado de ordenar su ingreso preventivo en prisión se produjo después de que ambos, que habían sido detenidos el martes junto a otros tres sospechosos, hubieran tenido la oportunidad de ofrecer explicaciones en el juzgado. Una vez concluida la comparecencia de ambos, el instructor consideró que procedía su ingreso en prisión, tal y como solicitó el Fiscal Anticorrupción de la Región, Juan Pablo Lozano. La decisión se fundamenta en la gravedad de los hechos que se les atribuyen, entre los que figuran un supuesto delito contra la Hacienda Pública, fraude, falsedad documental y blanqueo de capitales, así como en el riesgo de que puedan tratar de destruir pruebas. Antes de estos dos sospechosos ya habían sido encarcelados el exjuez de Aguas de Orihuela, Jesús Abadía, y el exsecretario de esa institución, Aníbal Bueno, así como el administrador único de la constructora murciana Obras Marimar SL, Juan Ortín, y un presunto emisor de facturas falsas.

Todos ellos están imputados por su presunta relación con una trama que habría aprovechado la construcción de la línea del AVE entre Alicante y Murcia para lucrarse de manera supuestamente ilícita. Para ello habrían constituido una red de empresas, mediante la utilización de testaferros y familiares, y habrían facturado y cobrado obras sin que éstas hubieran llegado a realizarse. Parte de esos trabajos ficticios se referirían a la reparación de canalizaciones y acequias afectadas por las obras de la Alta Velocidad, para lo cual se habrían puesto de acuerdo los mencionados dirigentes del Juzgado de Aguas y el dueño de Obras Miramar SL. Del mismo modo se investiga la presunta emisión de facturas falsificadas, que habrían servido para defraudar cantidades millonarias a la Hacienda Pública mediante deducciones ilegales del IVA.

Las mismas fuentes señalaron ayer que la investigación, desvelada la semana pasada por este periódico, ha permitido ya cifrar el fraude por encima de los 20 millones.