Juzgan en Alicante a 9 acusados de introducir 2,5 toneladas de hachís

La Audiencia de Alicante tiene previsto juzgar a partir de mañana a nueve presuntos integrantes de una red criminal que introdujo 2.574 kilos de hachís en el puerto del Grao de Castellón.

El fiscal antidroga de la provincia alicantina solicita provisionalmente para cada uno de ellos 6 años de cárcel, aunque negocia con las defensas un acuerdo de conformidad que supondría una rebaja considerable de estas condenas a cambio de que los reos se declaren culpables, según fuentes próximas al caso.

En la causa están procesados otros tres reos, todos ellos de nacionalidad polaca, que están considerados los cabecillas de la trama pues fueron quienes alquilaron supuestamente una embarcación para recoger la mercancía y planificaron los demás detalles de la operación.

Sin embargo, dos de estos sospechosos han sido declarados ya en rebeldía al hallarse en paradero desconocido y no responder a los requerimientos de la sección tercera de la Audiencia alicantina, mientras que la presencia del tercero en la vista oral tampoco es segura, según las fuentes consultadas.

La investigación contra este grupo de supuestos narcotraficantes se inició a finales de 2008 por el Equipo contra el Crimen Organizado (ECO) de las Islas Baleares de la Guardia Civil y se centró en un primer momento en uno de los sospechosos polacos.

Según el escrito de acusación provisional de la Fiscalía Antidroga de Alicante, al que ha tenido acceso Efe, este individuo alquiló por estas fechas una embarcación recreativa con la que se desplazó a Marruecos para importar hachís.

Devolvió el barco con desperfectos en su casco y restos de olores de hachís, y un año más tarde repitió la operación y alquiló otra embarcación con la misma finalidad, relata el fiscal.

La Guardia Civil pinchó varios teléfonos de presuntos miembros del grupo con la autorización de un juzgado de Dénia que había asumido previamente las pesquisas y los agentes descubrieron que se preparaba una nueva importación de hachís a través de un contacto magrebí que residía en Salou (Tarragona).

El 23 de noviembre de 2009, funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) observaron como el barco alquilado por el ciudadano polaco trasvasaba en alta mar la droga a un pesquero español que navegaba alejado de las rutas habituales de pesca.

Este último barco, de nombre 'Bergantín', entró apenas unas horas más tarde en el puerto del Grao de Castellón, donde su patrón y sus tripulantes fueron detenidos por un delito contra la salud pública.

Las fuerzas de seguridad hallaron a bordo del pesquero 90 fardos de arpillera que contenían más de 2,5 toneladas de cannabis, una sustancia que en el mercado negro habría alcanzado un precio superior a los 3,5 millones de euros, según la acusación pública.