El PSPV prepara una subida de sueldo encubierta para altos cargos del Consell

Los altos cargos del Gobierno valenciano se consideran mal pagados. Es una realidad y lo admiten la mayoría de ellos en privado. También los del anterior Consell. El problema, reconocen, es plantear un debate, el de la mejora de sus salarios, cuando el escenario económico sigue siendo complicado tras los ajustes y recortes que han sufrido tantos trabajadores, y después de haber utilizado ese tema, el de los sueldos, como arma arrojadiza en el debate político.

El Gobierno valenciano, o al menos el PSPV, cree haber encontrado la forma de abordar este debate. Pero a escondidas. Una enmienda con fecha del pasado miércoles, presentada a la ley de acompañamiento de los presupuestos, propone lo que podría considerarse como una mejora encubierta de lo que cobran los altos cargos de la Generalitat. ¿De todos? No, solamente de los que cobraran una remuneración mayor en su anterior labor profesional, siempre y cuando ésta dependiera de alguna administración pública o poder del Estado. Es decir, que fueran empleados públicos. Una propuesta que podría justificarse en la necesidad de hacer más atractiva la parte noble de la administración autonómica para la incorporación de profesionales de prestigio -Ximo Puig ha encontrado no pocas dificultades para componer su Gobierno tras recibir varias negativas de algunos candidatos por la escasa remuneración de los puestos ofrecidos-. La fórmula que proponen los socialistas valencianos en esta enmienda es personal e intransferible. Y provoca, de facto, la quiebra de ese principio que establecía que los sueldos de los altos cargos de la administración autonómica no superarían al del que dispone de más responsabilidad, el presidente del Consell, que en 2016 percibirá 68.000 euros, según consta en el proyecto de ley de presupuestos de la Generalitat. La propuesta abre además la puerta a que cargos con el mismo nivel de responsabilidad, como dos consellers o dos directores generales, puedan percibir remuneraciones distintas.

La enmienda señala que el personal empleado público «nombrado para ocupar puestos de altos cargos de la Administración de la Generalitat» que mantuviera en el momento de su nombramiento «una relación de servicio permanente con alguna administración pública o poder del estado» -en alusión aparentemente directa a la consellera de Justicia, y fiscal, Gabriela Bravo-, mientras esté ocupando dicho cargo, «no percibirá retribuciones inferiores a las que pudieran corresponderle de continuar en el puesto que desempeñaba con anterioridad a su designación».

Y añade que, en este caso, devengará «un complemento personal por la diferencia retributiva, teniendo en cuenta para su cálculo todos los conceptos remuneratorios, en cómputo anual, que debiera percibir de seguir en el servicio activo en el puesto de trabajo de origen».

Entre las consecuencias inmediatas de la propuesta figura, obviamente, la del agravio comparativo para aquellos altos cargos que sean funcionarios. Lo normal es que cualquier alto cargo gane más dinero que un funcionario, de manera que aquellos empleados públicos que hayan sido llamados para asumir una responsabilidad en el primer y segundo escalón de la administración autonómica no verán mejorada su remuneración. «Se consagra la diferencia entre altos cargos de primera y de segunda», señaló ayer una fuente parlamentaria. «Si se quiere plantear el debate de los sueldos, debería de hacerse con luz y taquígrafos, no a escondidas y solo para algunos», remachó.

La subida de sueldos comporta una circunstancia adicional. El texto de la enmienda presentada y que lleva la firma del Síndic socialista Manuel Mata deja entrever que esa mejora para los altos cargos que percibieran una remuneración mayor por ser empleado público correrá a cargo de las arcas autonómicas, lo que implicaría un aumento del gasto público.

¿A quién beneficia una medida como la propuesta por los socialistas valencianos? Algunos de los altos cargos que forman parte ya de la administración autonómica, como consellers, secretarios autonómicos y directores generales, cumplen ya con esa condición establecida en la enmienda -la de disponer de la condición de empleado público- para que le sea aplicada de inmediato esa mejora salarial. El conseller de Hacienda, Vicent Soler, catedrático de Economía Aplicada de la Universitat de València, sería muy probablemente uno de los favorecidos. También su compañera de Consell Gabriela Bravo, fiscal de profesión y ex portavoz del Consejo General del Poder Judicial, se podría beneficiar de la medida. Del Consell también podrían resultar beneficiados, Elena Cebrián y Manuel Alcaraz, funcionarios del Estado, así como Vicent Marzà y Rafael Climent, que lo son de la Generalitat.