Rafael Blasco deberá devolver a la Generalitat el dinero malversado

La Generalitat Valenciana recibirá en breve un ingreso extra que nunca debió salir de sus arcas. O al menos para el asunto al que se acabó destinando. El Tribunal de Cuentas ha condenado al exconseller de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, y a otros cinco integrantes de la trama de Cooperación a pagar una multa de 1,6 millones de euros por las ayudas para construir pisos en Nicaragua que acabaron destinadas a comprar pisos en Valencia. Blasco, junto con el subsecretario de la conselleria, Alexandre Català, el exjefe de área de Cooperación, Marc Llinares (que fue absuelto por el Supremo), la exsecretaria general de la conselleria, Tina Sanjuán, el presidente de Cyes, Marcial López y el empresario Augusto César Tauroni, son para el Tribunal de Cuentas «responsables contables directos y solidarios de la totalidad de la malversación». Además, deberán abonar las costas y los intereses devengados. En total, 1.623.819 euros por los daños y perjuicios causados en los fondos públicos de la Generalitat Valenciana a través de la citada Conselleria. El exconseller cumple actualmente pena de prisión de seis años por la primera de las piezas del caso Cooperación tras ser condenado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat. Una condena que el Supremo confirmó después. Según consta en la sentencia del Tribunal de Cuentas, fechada en Madrid el pasado jueves 12 de noviembre, los proyectos para construir pozos en Nicaragua deberían haber tenido un importe de 1,2 millones de euros, de los que la Generalitat tenía que aportar 960.000 y las ONG en red, la parte restante, 240.000. Los proyectos se ajustaban a ese importe, pero de los 1,6 millones que la Generalitat acabó invirtiendo en cooperación internacional, apenas llegaron a su destino 47.933 euros, «menos del 3%».