Educación defiende que el nuevo modelo de admisión igualará los criterios en los centros

El conseller de Educación, Vicent Marzà, defendió ayer que el borrador del nuevo decreto de admisión de alumnos en la Comunitat -que suprime el distrito único y que incluye novedades como volver a primar la proximidad al centro escolar o eliminar los puntos que daban los colegios por circunstancias específicas o ser antiguo alumno- busca que «las familias elijan a los centros y no los centros a las familias». Una modificación que no ha gustado a las escuelas católicas, que calificaron ayer de «retroceso» y «proyecto ideológico» el nuevo modelo. Desde las filas del PP también arremetieron.

La propuesta se llevará mañana a la Mesa Sectorial de Educación y se consensuará con los sindicatos. Según Marzà, con este texto se garantiza «el derecho a la educación para todos en igualdad de condiciones» y «trabajamos para que la educación sea un motor de cohesión social y que todo el mundo tenga las mismas oportunidades para acceder a un centro», así como que «absolutamente todos los centros sostenidos con fondos públicos tengan los mismos criterios de escolarización y, por tanto, no sean los centros los que elijan a las familias, sino las familias las que elijan a los centros».

«Hasta ahora, -prosiguió- con algunas puntuaciones que tenía el anterior decreto, eran los centros los que acababan eligiendo el tipo de familia y de alumnado que querían», algo que «iba en contra de lo que nosotros pensamos que debe ser una educación sostenida con fondos públicos, igualitaria y cohesionadora del territorio». El titular insistió en que «no se obliga a nadie a ir a un centro», ya que «todos los padres y madres pueden hacer la preinscripción en cualquier centro educativo». No obstante, en el caso de que haya más personas interesadas en un colegio que plazas en el mismo, se hará una baremación.

La puntuación más alta, 15 puntos, será por tener hermanos matriculados en el centro, porque «no queremos separar a los hermanos». Asimismo, se suprime el punto que se otorgaba si uno de los progenitores había estudiado en el mismo centro. Se introduce una puntuación de proximidad, de 10 puntos, con la que se busca «vertebrar el centro educativo en su territorio» frente a la implantación del distrito único que había introducido el anterior gobierno del PP. Marzà manifestó que así quieren que «los centros estén más arraigados en su territorio y que las familias puedan participar de forma más activa no solo en el centro sino en el conjunto del barrio que es el motor de la transformación social que necesitamos».

Otros criterios son tres puntos para las familias monoparentales, «una demanda del Síndic de Greuges» y, además, se regulará que ningún centro sostenido con fondos públicos pueda pedir o exigir donaciones a fundaciones o pagos por la escolaridad», ya que «todos los centros sostenidos con fondos públicos deben tener los mismos criterios y ser plenamente gratuitos».

De acuerdo al borrador, la proximidad del centro escolar pedido al domicilio valdrá a partir del curso próximo 10 puntos y 4 si está dentro del área de influencia. Hasta ahora se daban 5 puntos en Valencia y otros grandes municipios al considerarlos distrito único, 2 puntos por área limítrofe y 1 punto si se elegía por la escolarización en otra población. Ser familia numerosa continuará con el mismo baremo -5 puntos por más tres de hijos y 3 puntos por tres hijos- y se introduce el concepto de familia monoparental, que también se valorará con 3 puntos.

Representantes de escuelas y asociaciones de padres de colegios católicos tildaron el nuevo decreto de «un retroceso» y de un proyecto de carácter «ideológico». La presidenta de Escuelas Católicas de la Comunitat Valenciana (ESCACV), Vicenta Rodríguez, manifestó que la desaparición del distrito único supone «un retroceso», ya que «los años que ha estado en vigor ha funcionado bien y ha permitido que las familias pudieran elegir». Rodríguez tampoco ve razón para eliminar el punto que podía conceder cada centro -concertados y públicos- y añadió que «si se piensa que esto favorecía a la concertada, es un error».

Por su parte, la presidenta de Concapa-CV, Julia Llopis, afirmó que «discrimina a las familias porque atenta contra su liberta de elección del centro y, en lugar de favorecer la calidad educativa, solo persigue asegurar que se llenen las plazas de aquellos colegios que no dan la talla y, por ello, no tienen suficiente demanda».

Desde las filas del PP, el grupo municipal en el Ayuntamiento de Alicante mostró su rechazo porque «se limita a los padres la libertad de elección de centro». «Resulta obvio que el distrito único es un obstáculo para imponer el 'tripartito' su modelo educativo, con elementos tan importantes para ellos como es la exclusividad de la línea en valenciano», reprobó.