Aplazan las declaraciones tras interrogar a 4 testigos por las contrataciones

El juez titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Benidorm ha decidido aplazar los interrogatorios de 15 de los 19 citados hoy a declarar por el caso de las supuestas contrataciones irregulares en el ayuntamiento de Benidorm durante los años de mandato del socialista Agustín Navarro.

El juez ha decidido en primer lugar el aplazamiento para el día 17 de diciembre de los tres imputados: el exalcalde Navarro, el exconcejal de Personal, Juan Ramón Martínez, y la exjefa de Recursos Humanos, Carmen Navarro.

Con posterioridad acordó el aplazamiento para el resto de citados hasta los meses de enero y febrero, con distintas fechas en función del orden que ocupaban en la citación inicial.

Tan sólo han prestado declaración a lo largo de la jornada el coordinador de Recursos Humanos, Daniel Caneiro; el interventor municipal, Ignacio Oiza; el exsecretario Francisco García y la exconcejal socialista de Hacienda Natalia Guijarro.

El primero de ellos, Caneiro, ha declarado durante más de una hora y ha respondido fundamentalmente preguntas relacionadas con el parentesco de algunos trabajadores con miembros del PSPV-PSOE y sobre los decretos que otorgaban complementos de productividad.

Tras él ha declarado el interventor, durante dos horas, quien debía responder a cuestiones relacionadas con los informes contrarios y los reparos que interpuso a las contrataciones de empleados municipales por superar el límite de la consignación presupuestaria para el capítulo de Personal.

El ex secretario municipal ha aludido en su declaración a las decisiones que hubo de tomar el gobierno socialista al acceder al gobierno tras la moción de censura de 2009 y también ha sido preguntado por los posibles casos de enchufismo en el ayuntamiento, así como por la fiscalización del interventor.

La última en comparecer ha sido la exconcejala de Hacienda Natalia Guijarro, que ha sido interrogada acerca de las formas y métodos de contratación y de los acuerdos que en ese sentido se adoptaban en las Junta de Gobierno, entre otras cuestiones.

Ninguno de ellos ha querido hacer declaraciones al finalizar su declaración y se han limitado a indicar que el juez les había pedido que no hablaran del caso.

Los tres imputados en este procedimiento están acusados por tres supuestos delitos continuados de prevaricación administrativa en la modalidad de nombramientos ilegales, de tráfico de influencias y de malversación de caudales públicos.

Los hechos denunciados y que ahora se investigan tienen que ver con presuntas irregularidades en materia de gastos de Personal y contrataciones de personal laboral y funcionarial desde el año 2010 en el Ayuntamiento de Benidorm.