Vecinos y comerciantes de Benidorm, en pie de guerra por la seguridad

Un nutrido grupo de residentes de Benidorm formado por vecinos, comerciantes y turistas, tanto británicos como españoles y de otras nacionalidades, acudirán a la Plaza del Ayuntamiento el próximo lunes para mostrar malestar por «el cúmulo de promesas incumplidas sobre la vigilancia y prevención de delitos», como informaron ayer en un comunicado. Se refieren, concretamente, a las carencias en seguridad que denuncian en torno al turista y los ataques continuos por parte de carteristas y estafadores callejeros, o trileros, que se suceden a diario, según aseguran.

Los convocantes de la concentración exigen que se ponga en marcha una legislación que venga a subsanar «la pasividad y permisividad de las leyes» contra este tipo de delincuentes y que están provocando «una grave lesividad en nuestra seguridad» y, por consiguiente, «al interés de una ciudad con una idiosincrasia turística como es Benidorm», aseguran.

Además de una normativa que detenga la actuación de estos criminales, el colectivo reclama que se dote con «recursos contundentes y eficaces», además de que buscan que se mantenga una mayor «transparencia institucional».

La protesta cuenta con el apoyo del Observatorio de la Ciudadanía Contra la Corrupción (OCC), al considerarse como una asociación a favor de «cualquier causa que propugne la defensa de todos aquellos perjudicados por la actuación desfavorable de las administraciones». De hecho, el organismo se ha personado recientemente en una causa judicial contra el alcalde de Crevillent, César Augusto Asencio, por presunta prevaricación y delitos contra el medio ambiente por la concesión de los residuos urbanos.

El OCC sostiene que el Gobierno central, en colaboración con las administraciones autonómicas y locales ha de poner en marcha herramientas que permitan poner coto a la delincuencia en la calle de la localidad, «puesto que existe un vacío que provoca víctimas innecesarias», según indicaron ayer. La asociación pondrá a disposición del colectivo afectado profesionales en materia de seguridad y jurídica de la provincia para «buscar soluciones».