Mantener las instalaciones de RTVV le cuesta al Consell un millón al mes

El próximo fin de semana se cumplen dos años del pase a negro de las emisiones de Canal 9, la primera y única televisión autonómica que ha sido cerrada en el Estado español. No obstante, la empresa continúa existiendo y, a juicio del nuevo equipo de liquidadores -Francisco Gómez, Ignacio Baixauli y Agustín Arenas-, «aún falta tiempo para su cierre definitivo», hasta el punto de que no se atreven a dar una fecha para la disolución de la empresa. De hecho, podría convivir con la nueva cadena, cuyos plazos de apertura oscilan entre uno y dos años, aunque fuentes del Consell aseguran que «no habrá sucesión de empresas y se tratará de entidades totalmente diferenciadas».

Con ello se pretende evitar el aluvión de denuncias que llegan día a día y que complican el proceso, según reconocía uno de los liquidadores, que denuncian la situación de soledad en que se encontraron la empresa desde que llegaron el pasado mes de julio, dificultando su labor al no poder acceder ni a los contratos por falta de personal informático, que les ayudara a desbloquear los archivos. Tuvieron que recurrir a empleados de Telefónica e incluso a 'hackers'.

Y no solo es una cuestión de contratos incumplidos, también de otro tipo de papeleo. Sin ir más lejos, el edificio en que se ubica la sede del centro de producciones de programas no figura en el Registro de la propiedad de Valencia, otro inconveniente más encontrado por los liquidadores, a quienes se les amontonan las demandas de productoras por contratos incumplidos, especialmente en los últimos cuatros años, como el finiquitado ayer con Mediapro, y que costará a la Generalitat 27 millones de euros por los derechos de la Formula 1 y de la Liga de fútbol.

Aunque Canal 9 ya no tiene personal, el Centro de Producción de Programas de RTVV, en Burjassot, se encuentra en perfecto estado de conservación. Y no es para menos, si se tiene en cuenta que su mantenimiento cuesta algo más de un millón de euros mensual, de los que el cuarenta por ciento corresponde a los contratos de mantenimiento del centro, limpieza y seguridad, y el resto al coste de los contratos con productoras y derechos de emisión de películas, series y otras producciones que no se pueden ver al no existir la cadena.

Dicho coste, según explicaron los liquidadores, no se podrá reducir hasta bien entrado el año que viene, pues «depende de los contratos firmados que no se pueden incumplir, y algunos caducan a finales de 2016 y ya no podrán usar, otros continuarán pendientes y algunos pasarán a nuestros archivos».

Esta situación no se ha producido ahora con la entrada del nuevo gobierno, como aclara el secretario autonómico de Comunicación, José María Vidal, sino que procede de antes. Desde el día después del cese de emisiones, el centro de producción de programas se ha encontrado en perfecto estado, como si en cualquier momento se fueran a reabrir las emisiones.

De hecho, ningún plató está desmantelado, especialmente el de informativos, que cuenta con el decorado montado, los pinganillos y los micros encima de la mesa, esperando que lleguen los periodistas, y las cámaras preparadas para recoger los planos del plató. Según decía uno de los miembros del equipo técnico superviviente, «en menos de 48 horas este plató está preparado para volver a funcionar».

Si es cierto que los platós están preparados para funcionar, no todas las cámaras se encuentran en las mismas condiciones, algunas necesitan una renovación para adaptarse a las demandas de la alta definición, lo que suponía una inversión, que ya está incluida en los 29 millones de euros presupuestados por la Generalitat para la nueva cadena en 2016.

Pero más allá de los líos jurídicos que se ha encontrado el nuevo equipo de liquidadores, y de los contratos de mantenimiento que permitirán algún día volver a hacer televisión en esas instalaciones, el Centro de Producción de Programas de Burjassot es hoy una 'ciudad fantasma' a la que acuden los treinta trabajadores públicos que se salvaron del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de extinción, y otros técnicos del departamento de telecomunicaciones de la Generalitat, que acuden para comprobar el perfecto funcionamiento de la red de repetidores de RTVV, que entre otros servicios, dan cobertura al teléfono 112 de emergencias.

De los treinta 'supervivientes', siete corresponden a personal de la Red, que siguiendo instrucciones de la Generalitat ya tienen todo listo para cuando surja la nueva cadena, mientras que los 23 trabajadores pertenecientes al departamento de archivos y documentación están ahora adscritos a la entidad Cultura Arts, y acuden diariamente al centro de Burjassot a digitalizar las más de 250.000 horas de grabación existentes en los archivos para que no se pierdan, y que en un futuro formarán parte de la videoteca de la Generalitat.

Según contaba ayer una de estas trabajadoras, «estamos haciendo el trabajo que nunca nos dejaron hacer para tener una de las mejores televisiones a la carta con toda la programación propia que teníamos y que algún día los ciudadanos podrán acceder mediante la televisión en pruebas o un servicio online».

Su trabajo, en medio de la soledad, es monótono y consiste en la digitalización de los archivos y su clasificación según usos: material informativos, brutos, series de producción propia y ajena con derechos, programas magazines, reportajes,..., todo bien clasificado y archivado para su posterior uso, ya sea en emisión en pruebas o a la carta online.

Ayer, este trabajo quedó interrumpido por un grupo de periodistas y cámaras de televisión que acudieron convocados por la secretaria autonómica de Comunicación para conocer de primera mano el estado de las instalaciones y el proceso de liquidación. Como decía una de estas trabajadoras: «Solo ha sido un momento, pero puede ser el comienzo de algo nuevo y diferente».