J. A. MARRAHÍ
Sábado, 28 de noviembre 2015, 00:58
Pequeñas deudas tributarias están impidiendo a familias de acogida acceder a las ayudas de la Generalitat cuando los más perjudicados son los menores tutelados por la administración. Así lo ha puesto de manifiesto el Síndic de Greuges, José Cholbi, en la batería de recomendaciones que ha remitido a la consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mònica Oltra, ante los casos que están llegando a la institución y con el objetivo de mejorar la situación en que se encuentra el colectivo.
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Estas familias atienden a pequeños que han sido declarados en situación de desamparo y ejercen la guardia y custodia, pero la tutela es de la Generalitat, quien «debe asumir todos los deberes y derechos que le otorga el Código Civil», recordaron desde la Sindicatura.
Uno de los problemas que han detectado es la denegación de las ayudas a aquellas familias que han contraído deudas tributarias. La situación es muy preocupante porque hay casos de hogares con «pequeños» débitos de 300 euros que, según la institución, «impiden recibir ayudas de unos 3.000 euros anuales que reportarían mayores beneficios al menor». Una denegación que para el Síndic tiene que dejar de utilizarse como criterio porque «el principal perjudicado es el menor, que en absoluto es responsable de la deuda contraída».
Pero éste no ha sido el único toque de atención que Cholbi ha dado a la Generalitat. Un técnico de la institución cifró ayer en «hasta seis meses» el tiempo que familias y centros con niños bajo tutela deben esperar para cobrar las ayudas estipuladas por la propia administración para su mantenimiento. Además, el defensor del pueblo valenciano critica los costosos trámites burocráticos que tiene que realizar el colectivo para percibir un dinero «que debería otorgarse de manera mucho más ágil».
El Síndic destaca el «ejemplo de solidaridad de estas familias, tanto las extensas (con vínculos de parentesco) como las ajenas». Y su crítica a la Generalitat es considerable: «Ni la cuantía de las ayudas ni la sistemática de su percepción la hacen merecedora de ser considerada como la motivación principal. Al contrario. La falta de rigurosidad en el pago y la baja cuantía se convierte en un problema para las familias», afirma el Síndic.
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Trabas administrativas
Cholbi describe «otro obstáculo», el de «las trabas administrativas, que generan perjuicios materiales, de tiempo y dedicación». Se refiere a que las familias de acogida deben dirigirse a distintas administraciones como Educación o Sanidad si quieren cobrar un dinero «que deberían percibir de forma ágil por prestar su colaboración a la Generalitat en el desempeño de su cargo como tutor de los menores».
El Síndic recomienda a la Generalitat que cubra los gastos producidos por el acogimiento familiar de los niños «reflejando en la propia resolución administrativa de acogimiento la cuantía y duración de dicha compensación». E insta a eliminar las trabas burocráticas para que la sola resolución de acogimiento «sea suficiente para acceder a las ayudas y prestaciones gestionadas por todas las administraciones». En definitiva, ponerles las cosas mucho fáciles y no abocar a las familias al papeleo y la ventanilla.
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La institución también aboga por equiparar las cuantías asignadas a familias ajenas y a las extensas. Según el técnico consultado «no se termina de entender por qué las primeras cobran el doble que las otras». En cuanto a los retrasos en los pagaos detectados por el Síndic, «los están sufriendo tanto las familias como los centros, sin distinción».
La institución apuesta, en definitiva, por «establecer criterios de calidad en los procesos de seguimiento y apoyo técnico e implantar mecanismos de colaboración para establecer una relación fluida entre la Administración y los colectivos representativos de las familias». Así se lo ha puesto de manifiesto a la Conselleria de Igualdad.
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