Piden cárcel para un falso abogado que mediaba en accidentes de tráfico

Un acusado de ejercer de falso abogado en la ciudad de Alicante se había montado un negocio de aparente legalidad. Contaba con un bufete de nombre grandilocuente, de los que se quedan grabados en la memoria, como Sánchez y Asociados Abogados o Armol y Walter Abogados. Además, en los partes de lesiones que el hombre elaboraba, condenado en 2011 por falsedad en documento público, se valía de la firma de un médico de reconocido prestigio en la ciudad de una conocida clínica.

Sin embargo, a ojos del Ministerio Público, se trató de un montaje para estafar a clientes a los que asesoraba jurídicamente en caso de accidente de tráfico y a las compañías aseguradoras. Estas últimas habrían sido las peor paradas de la trama presuntamente tejida por R.F.M., para quien el fiscal reclama una pena de tres años de prisión por un delito continuado de estafa y una multa de nueves meses con una cuota diaria de 6 euros (1.620 euros en total) por intrusismo.

Las investigaciones sitúan los hechos al menos desde el año 2009. El reo está acusado de actuar desde su oficina en el alicantino barrio de San Blás, sede desde donde trabajaba como intermediador de seguros. Aunque no solo eso. Según la Fiscalía, el sujeto asesoró a accidentados, medió en su nombre ante las compañías aseguradoras e, incluso, presentó denuncias ante órganos jurisdiccionales.

El 'modus operandi' era siempre muy similar. El acusado supuestamente cocinaba los partes ficticios de los perjudicados, en documentos con el membrete de la clínica real, con la firma del doctor sin su consentimiento. Del mismo modo, la acusación sostiene que R.F.M. elaboró facturas a nombre del centro médico para cobrar honorarios por supuestos servicios médicos.

Agentes del Grupo de Delincuencia Económica (UDEF) de la Comisaría Provincial de Alicante siguieron los pasos del sospechoso desde la primavera de 2014. El hecho de que el médico no reconociera haber firmado los partes de baja hizo sospechar a los investigadores, que iniciaron las pesquisas para hacer caer un posible entramado dedicado a estafar a las compañías.

En junio de ese año, los funcionarios policiales lanzaron un operativo en el que se practicaron dos registros domiciliarios y se llevaron a cabo una quincena de detenciones. La Policía Judicial accedió a la oficina del procesado el 14 de junio y en ella hallaron cuantiosa documentación comprometedora.

Entre los armarios del despacho figuraban un total de catorce expedientes a nombre de varios supuestos accidentados con su correspondiente parte de lesiones y las pertinentes reclamaciones económicas a las compañías aseguradoras. En total, el dinero exigido por las heridas asciende a los 24.470 euros, sin que se haya demostrado que los clientes conociesen de las artimañas del falso abogado.

No obstante, la acusación cree que el procesado no actuó solo, pues habría contado con la ayuda de una pareja residente también en Alicante. Se trata de un hombre y una mujer para los que la Fiscalía pide un año de prisión por la presunta comisión de un delito de falsedad en documento privado. Según se desprende del sumario del caso, el cabecilla de la trama supuestamente presentó una denuncia suscrita por estas dos personas en los juzgados de la capital alicantina tras sufrir un siniestro de tráfico.

La denuncia siguió sus cauces hasta la celebración de un juicio de faltas en el Juzgado de Instrucción 5 del Palacio de Justicia de Alicante. En esta ocasión, entiende el fiscal, el presunto estafador se valió de las mentiras de los clientes, a los que podría haber aleccionado sobre lo que decir con respecto a la documentación médica. El forense advirtió irregularidades en los partes, por lo que se cerró el asunto y el juez abrió diligencias por falso testimonio.