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EFE
Miércoles, 2 de diciembre 2015, 01:22
Cerca de 100.000 niños viven bajo el umbral de la pobreza en la provincia de Alicante, donde hay 27.500 hogares que subsisten sin tener ningún ingreso, según la secretaria de Bienestar Social y senadora del PSPV-PSOE, María Luisa Carcedo. En la Comunitat Valenciana la cifra de niños en esta situación ascendería a 268.000.
Carcedo presentó ayer la propuesta de «renta mínima vital» que el PSOE lleva en el programa electoral de las generales. Al acto también han asistido el cabeza de lista al Congreso por Alicante, Julián López Millán, y la número uno al Senado, Encarna Llinares. Una propuesta que tanto UGT como CCOO comparten y que, por su parte, trasladarán como iniciativa legislativa popular.
Se trata de una «de las más importantes propuestas» del programa de Gobierno socialista y con la que se pretende un doble objetivo: por un lado, «reordenar el sistema de protección social» del país que, a juicio de Carcedo, tiene una «carencia importante de protección de la infancia», que conlleva que el «30% de la población infantil» está bajo el umbral de la pobreza, frente al «22,2% de la media» en todas las franjas de edad, de manera que se haga «justicia intergeneracional»; y evitar un problema de futuro, tanto social como por razones estratégicas. Por otro lado, «atender a los ciudadanos que no tienen ningún ingreso».
Cifran en 730.000 los hogares españoles que no perciben ningún tipo de ingreso y a los que iría destinados esta medida de una renta mensual de 426 euros. Una cantidad «muy pensada» y que se ha elegido porque es la cuantía que la Seguridad Social otorga por el subsidio de desempleo, explicó la senadora.
Además, la propuesta contempla ayudas de entre 50 y 150 euros por hijo, dependiendo de los ingresos. Así, las familias con menos de 7.000 euros de ingresos anuales recibirían 150 euros por hijo menor; 100 euros las que se encuentren en situación de «pobreza alta», entre 7.100 y 11.500 euros de ingresos anuales, y 50 euros las de «pobreza moderada», con unos ingresos anuales de entre 11.500 y 17.000 euros.
Esta medida costaría en su conjunto 6.500 millones de euros. La senadora defendió esta propuesta frente a las de otros partidos porque «está muy cuantificada», por lo que «es practicable de forma inmediata» y citó el tercer Consejo de Ministros tras las elecciones como momento para poder iniciarla, si es que el PSOE gobierna.
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