El precio del alquiler público variará según la capacidad personal

El precio de los alquileres de vivienda pública se adaptarán a las circunstancias personales de sus habitantes, especialmente en función de su capacidad económica, a partir del próximo año.

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha hecho este anuncio en Les Corts en respuesta al portavoz del grupo Podemos, Antonio Montiel, sobre la situación de las 1.040 viviendas que la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (EIGE) tiene a su disposición.

Puig ha explicado que se ha puesto en marcha un plan de dignificación de vivienda social, con medidas de choque y un plan de ocupación de vivienda que incluye la coordinación con los ayuntamientos y que ha comenzado ya en algunos municipios.

Además, habrá un incremento de la inversión en rehabilitación y 5,5 millones de los presupuestos van destinados a barrios de Castellón, Paterna, Alicante, Elche, Alcoi y Almassora.

Igualmente, se modificará la normativa de vivienda pública para que 378 viviendas puedan estar en venta, alquiler o alquiler con opción a compra.

Puig ha asegurado que el Consell tiene que construir una nueva política de vivienda social, pero ha advertido de las condiciones actuales de este Gobierno hacen "imposible" una gran operación de vivienda, de construcción y de rehabilitación, para ponerla a disposición de las personas más necesitadas.

Se necesitan recursos suficientes, ha dicho Puig en referencia a la financiación. "Cuando hablamos de financiación justa, también hablamos de política de vivienda", ha afirmado.

La Generalitat tiene 1.042 viviendas en alquiler, con una tasa de desocupación del 45 % y una alta tasa de morosidad y de ellas, 517 están alquiladas y 416 se encuentran en situación irregular o sin contrato de arrendamiento, y solo hay disponibles 54.

Estas cifras son "la consecuencia de no haber tenido una política de vivienda y sobre todo una política de vivienda social", ha lamentado el president, quien ha calificado de fundamental que ninguna familia se quede sin vivienda.

Ha reconocido que "a todos nos gustaría ir más deprisa" al referirse a que el 20 % de los desahucios en España se han producido en la Comunitat Valenciana, y que su Gobierno quiere dar respuesta "de verdad" a los problemas de la gente, como ha hecho con la firma de un acuerdo para que ninguna familia sin recursos se quede sin suministro eléctrico.

El portavoz de Podemos, Antonio Montiel, ha dicho que el Instituto Valenciano de la Vivienda (Ivvsa) construyó "a tontas y a locas" y sin criterios sociales, y en ocasiones, "en connivencia" con empresas "a partir de la doctrina Blasco".

En concreto, ha acusado a la exgerente del Ivvsa Inmaculada García Pardo, procesada por prevaricación y tráfico de influencias, de desatender recomendaciones del personal técnico de que todas las viviendas que no se pudieran vender, se pusieran en régimen de alquiler social, incluso locales comerciales en Valencia y un centenar de plazas de aparcamiento en la calle del Árbol, que siguen desocupadas.

Montiel ha defendido que la Generalitat no trabaje con entidades financieras que ejecuten desahucios y que se cree un banco de vivienda de alquiler.

Posteriormente al debate en el pleno, Montiel ha dicho en los pasillos de Les Corts que existen soluciones sencillas como firmar convenios con ayuntamientos para poner a su disposición viviendas vacías.