El juez reclama el acuerdo plenario que dio luz verde a revisar el PGOU de Alicante

El juez Manrique Tejada ha reclamado al Ayuntamiento de Alicante que aporte el acuerdo adoptado por su pleno en sesión celebrada el 23 de diciembre de 1998 por el que la corporación municipal acordó revisar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad.

Así lo establece una providencia dictada por el titular del Juzgado de Instrucción 5 de la ciudad en el marco de la investigación sobre supuestas irregularidades en dicho plan, que ha sido notificada el pasado 30 de noviembre a las partes personadas en el procedimiento y a la que ha tenido acceso Efe.

El magistrado ha aceptado, de este modo, la petición a tal efecto realizada a finales de septiembre pasado por el abogado del principal imputado en esta causa derivada de la 'Operación Brugal', el constructor Enrique Ortiz.

En la misma providencia, el juez Tejada traslada a acusaciones y defensas un escrito presentado por la también imputada Sonia Castedo, exalcaldesa de Alicante por el PP, en el que ésta solicita al juzgado que concrete los «elementos fácticos» en los que se sustenta su imputación por delitos de tráfico de influencias, revelación de información secreta y cohecho.

El letrado de la exregidora cita la nueva regulación de los derechos de los imputados para exigir una información suficiente sobre los hechos supuestamente delictivos cometidos por su defendida, así como que se le comunique cualquier posible cambio sucedido «en el objeto de investigación».

En este sentido, denuncia que no ha podido ejercitar su derecho a la defensa por esa supuesta inconcreción «más allá de meras especulaciones intelectuales».

También rebate los posibles indicios que apuntan a que Castedo proporcionó desde la Alcaldía datos reservados a Ortiz sobre el nuevo PGOU, presionó a técnicos para que le favorecieran y recibió algunos regalos de éste como un coche y unas vacaciones en Andorra.

Por otro lado, pide al juez Tejada que precise en qué normas legales se basa su negativa a interrogar durante la instrucción a los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional que realizaron la investigación sobre la misma.

Sin embargo, la sección segunda de la Audiencia de Alicante ya se ha pronunciado a este respecto y ha avalado la decisión del magistrado, pues entiende que esas declaraciones carecen de trascendencia en este momento procesal.