La cesión de suelo a Coepa puede ser nula e impedir la dación en pago

El acuerdo plenario por el que se aprobaba el convenio entre el Ayuntamiento de Alicante y la patronal alicantina Coepa para la cesión gratuita del derecho de superficie sobre diversas parcelas situadas en el Polígono de Babel para levantar el centro de oficios y el simulador de riesgos laborales podría ser nulo de pleno derecho. De ser así, algo que están analizando los servicios jurídicos del Ayuntamiento que preside el socialista Gabriel Echávarri a propuesta de la comisión creada al efecto para tratar de dar una salida al conflictivo centro de Coepa, se vendría abajo el plan alternativo de la Presidencia de la Generalitat Valenciana para propiciar una especie de dación en pago para recuperar los 3 millones de euros que dejó en el año 2006 el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF).

Además, de comprobarse estos indicios de «nulidad» se precipitaría el rescate del suelo municipal y de todas las edificaciones construidas por Coepa con dinero del IVF y de otros 3 millones de ayudas europeas, ya que el organismo financiero de la Generalitat Valenciana se quedaría sin la principal garantía del crédito, lo cual no significa que no se mantenga la deuda (4 millones incluido el capital principal más los intereses naturales y los de demora). Esa nulidad vendría dada por la inscripción «forzada» de Coepa como entidad de interés público municipal, como si se tratara de una asociación de vecinos, una hoguera o una cofradía de Semana Santa sin serlo.

Cuando el lunes de la semana pasada el alcalde Gabriel Echávarri recibió en su despacho a un grupo de trabajadores de la plantilla de Coepa, que le instaron a ampliar el plazo de concesión de uso del suelo o a propiciar una dación en pago con Hacienda y que han cobrado dos de los cinco meses de retraso hace unos días, según explicó anoche Jiménez, el regidor alicantino dijo que «no lo tenía claro». Ahora ha sabido este diario que aludía directamente al convenio en sí.

Coepa, en principio, no puede ser una entidad de interés público municipal, entre otras cosas porque su influencia tiene carácter supramunicipal. Sin embargo, fue inscrita y declarada como tal por el Ayuntamiento, lo cual es un requisito 'sine qua nom' para poder hacer uso gratuito del Patrimonio municipal.

La solicitud del uso gratuito fue registrada el 24 de julio de 2000 por el entonces presidente Joaquín Rocamora Ferri y finalmente fue autorizado por la edil delegada de Patrimonio, María Teresa Revenga ortiz. El acuerdo plenario del 19 de febrero de 2001 se logró por mayoría absoluta, pero con los solo quince votos del PP. Los once ediles de la oposición (PSPV y Esquerra Unida) votaron en contra.

Además, durante la deliberación plenaria (cesión para 30 años con posibles prórrogas hasta 75 años) hubo varias intervenciones sobre la oportunidad de la declaración de Coepa como entidad de interés municipal. Camino Remiro, de EU, dijo en la sesión que «se ha seguido un procedimiento incorrecto para obtener dicha declaración, que es improcedente, porque Coepa no interviene en la participación vecinal, ni es una entidad cultural o similar, y la declaración se hizo con el único fin de poder efectuar luego la cesión del derecho de superficie, que supone un verdadero negocio, aunque sea legítimo, para Coepa».

Galant y el Reglamento

Rodríguez Galant, edil del PP, le replicó que el objeto del debate no era la declaración de Coepa como entidad de interés municipal, lo que ya se efectuó en otra sesión plenaria anterior. Y remachó diciendo que el artículo 236.3 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por un Real Decreto de 1986, «establece (dijo Galant) que podrán obtener la inscripción en el Registro Municipal de Asociaciones Vecinales todas aquellas cuyo objeto sea la defensa, fomento o mejora de los intereses generales o sectoriales de los vecinos del municipio y, en particular, entre otras, las entidades empresariales». Ahora, el Ayuntamiento podría en breve resolver o cancelar el convenio en su integridad por una «inexacta aplicación de dicho Reglamento del Régimen Jurídico de Entidades Locales». Una de las consecuencias tiene que ver directamente con el IVF. El crédito lo concedió en 2006, pero hubo una novación en 2010 bajo mandato de Rafael Martínez Berna y autorizada por la Comisión de Inversiones del IVF para cambiar la garantía del crédito de 3 millones. Se sustituye el «pacto contrahendo sobre la sede social» de Coepa por la hipoteca del centro.