El Consell evita debatir en campaña sobre los 1.300 millones ficticios del presupuesto

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), un organismo creado por el Ministerio de Hacienda para vigilar el cumplimiento del déficit por parte de las administraciones públicas, ya advirtió hace una semana de las dudas que le planteaba los 1.300 millones de euros de ingresos que el Gobierno valenciano que preside Ximo Puig había incorporado como previsión por el aumento de la recaudación que supondría, para las arcas autonómicas, la reforma del sistema de financiación autonómica. La 'policía fiscal' advirtió en su informe de la «elevada incertidumbre» de esa previsión.

Cuando el Consell presentó su proyecto de ley de presupuestos para 2016, una de las circunstancias que más llamó la atención fue precisamente la presencia de estos ingresos ficticios. Entre otras razones, porque hace justo un año Compromís llevó los presupuestos de la Generalitat de 2015 a los tribunales, precisamente porque el entonces titular de Hacienda, Juan Carlos Moragues, incorporó una previsión de ingresos de 1.300 millones de euros que debían proceder de un fondo de competitividad en el que no figuraba por ninguna parte esa cantidad. La denuncia de Compromís, finalmente, fue desestimada por los tribunales. Pero que la coalición que lidera Mónica Oltra no cuestionara la decisión del Consell del que forma parte de recurrir también a esa fórmula para hinchar sus ingresos resultó significativo.

Estos son los antecedentes. El debate político sobre esos 1.300 millones debería de tener lugar en Les Corts, que son las que deben aprobar las cuentas para el próximo año. Debería, pero no será así. El Gobierno valenciano emitió el pasado día 4 criterio desfavorable a la tramitación de varias enmiendas presentadas por el PP a los presupuestos. Una de ellas, en concreto, propone restar en 1.300 millones el capítulo de ingresos de los presupuestos del próximo año.

El escrito del Consell cuenta con la firma de la vicepresidenta y secretaria del Ejecutivo, Mónica Oltra. En el texto se recuerda que el artículo 132.1 del Reglamento de Les Corts, que regula la presentación de enmiendas a los presupuestos, establece en uno de sus apartados que «las enmiendas que suponen una minoración de ingresos requerirán de la conformidad del Consell para su tramitación». La del PP, obviamente, es una de éstas, puesto que, tal y como reconoce en su escrito el Consell, supone disminuir en 1.354 millones de euros el estado de ingresos de la Generalitat.

¿Qué razones aduce el Consell para no debatir esta enmienda? El escrito que firma Oltra -y que ayer fue remitida a los grupos parlamentarios- explica que los populares «no aportan ninguna motivación que justifique esta minoración, ni ha presentado la necesaria y complementaria enmienda que concrete sus efectos sobre los estados de gastos, ajuste que se considera imprescindible con vista a asegurar que los presupuestos de la Generalitat se aprueben cumpliendo todas las exigencias establecidas en materia de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera». El Consell insiste aún más en su criterio al señalar que al no reflejarse «la necesaria minoración en el estado de gastos que dé soporte y cobertura a la disminución de ingresos que se pretende por medio de la enmienda, no es posible dar conformidad a su tramitación».

La explicación que firma Oltra alude a que un recorte en el capítulo de ingresos debe venir acompañado del correspondiente ajuste en el de gastos, con el objetivo de que los presupuestos permanezcan cuadrados. Un argumento sostenible, y que permite evitar otra circunstancia: la de la incomodidad que supondría para el Consell tener que defender una medida -la incorporación de 1.300 millones que se justifican en una futura reforma del sistema de financiación autonómica de la que nada se sabe- que hasta los organismos independientes ponen en cuestión.

El PP valenciano ya ha advertido del atrevimiento que supone incorporar al presupuesto una previsión de ingresos ficticios como ésta. La presidenta de los populares, Isabel Bonig, sostuvo hace pocas fechas que lo que había hecho el Gobierno valenciano al incorporar 1.300 millones de ingresos irreales era como «comprar un coche de alta gama con cargo a la lotería del 22 de diciembre» previendo «que le va a tocar». «Si no toca, ¿quién pagará el 23 de diciembre?», se preguntó la líder popular, para contestarse que el que debería hacerlo es Ximo Puig.

El Gobierno valenciano, por contra, ha venido defendiendo la pertinencia de incluir en el capítulo de ingresos de sus presupuestos la reivindicación de un sistema de financiación autonómica que ponga punto y final al maltrato que arrastra la Comunitat. En esos términos se ha pronunciado el titular de Hacienda, Vicent Soler, cuyo equipo ha tratado de poner distancias entre estos 1.300 millones y los que el PP puso hace un año en los presupuestos, y que Compromís denunció.

Beneficios fiscales

El escrito del Consell rechaza también otras tres enmiendas del PP. Todas ellas van dirigidas a modificar el capítulo de beneficios fiscales que afectan a los tributos propios y aquellos rendimientos de los que cede el Estado a la Generalitat. Los populares proponían aumentar esos beneficios fiscales de 3.715 millones de euros a 3.726 millones, es decir, un incremento de 10,3 millones de euros de rebajas fiscales.

El Gobierno valenciano aduce un argumento como el esgrimido para no debatir sobre los 1.300 millones de ingresos ficticios. Es decir, que aumentar en 10,3 millones los beneficios fiscales supone reducir en esa cantidad los ingresos de la administración autonómica.

Pero en este caso, además, el Consell explica que la minoración de beneficios fiscales asociados al Impuesto de Patrimonio se justifican en la necesidad de garantizar un sistema tributario más justo, que «trata de circunscribir sus efectos a los niveles socioeconómicos superiores, con el objeto de obtener recursos adicionales para poder atender gastos necesarios vinculados a la crisis económica».