El Consell de Fabra dejó sin pagar 1.100 millones en cotizaciones de funcionarios

Con los mercados cerrados, y la calificación de la deuda de la Comunitat por los suelos hace apenas dos años, las necesidades de financiación de la Generalitat eran harto complicadas de satisfacer. Por aquel entonces el Gobierno central salió en defensa de las autonomías con la creación del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) para que las comunidades pudieran obtener ingresos con los que pagar a sus proveedores y hacer frente a sus vencimientos de deuda en una etapa en la que el grifo del crédito estaba cerrado a conciencia. Pero ese mecanismo no parecía suficiente para el anterior Consell, que decidió usar las cotizaciones a la Seguridad Social y el dinero del pago del IRPF a sus funcionarios para financiarse.

Así se desprende de la Cuenta General de la Generalitat de 2014, y recoge un borrador del informe que la Sindicatura de Comptes ha enviado a los anteriores gestores y a los actuales para que presenten alegaciones. El ente auditor de la Generalitat, sin embargo, no se responsabiliza de esta documentación hasta que no sea definitiva y haya sido enmendada por todas las partes.

En cualquier caso, el Consell de Alberto Fabra utilizó un total de 1.100 millones de las cotizaciones de los funcionarios y las retenciones por IRPF para tener liquidez. Es decir, durante meses dejó de cotizar por sus funcionarios y no pagó el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas por ellos. En concreto, 951 millones corresponden al IRPF de los trabajadores públicos, y otros 60 millones de las cuotas a la Seguridad Social, a 31 de diciembre de 2014.

El aplazamiento aparece en el epígrafe de acreedores no presupuestarios y en él se detallan concepto como «retenciones a cuenta de IRPF», por importe de 958,3 millones, y «cuotas a la Seguridad Social», por otros 167,1 millones. En total, 1.118 millones pendientes de abonar a la Administración del Estado por estos conceptos que se usaron para tener liquidez y pagar las facturas que en ese momento estuvieran sobre la mesa.

Según los datos de la Cuenta General, en el último día del año 2104 la Generalitat tenía 951,3 millones de euros pendientes de pago a la Agencia Tributaria. Una cifra que se había incrementado respecto al ejercicio anterior por el impago de parte de las liquidaciones de 2014 de las nóminas de personal. De esa cifra que se adeudaba a la Administración Pública, el grueso, 931 millones procedían de las retenciones de las nóminas de los funcionarios entre mayo y diciembre y liquidaciones de 2013 de profesores, personal sanitario y personal de la administración general. Otros 20 millones corresponden a las retenciones practicadas en las nóminas de los centros docentes concertados correspondientes a diciembre de 2014.

Pero, la Generalitat echó mano de estos recursos gracias a los acuerdos con la Administración central para demorarse en su abono y el pago posterior de los retrasos. Durante 2014, por ejemplo se firmaron varios acuerdos entre la Administración autonómica y la Agencia Tributaria para devolver el dinero que se había dejado de cotizar por los funcionarios por un importe de más de 930 millones. El Estado se cobraba su parte mediante deducciones sobre las cantidades que el Gobierno transfería a la Generalitat. De este modo, se reducían las entregas a cuenta del modelo de financiación para ir aminorando la deuda pendiente por el dinero impagado. Aunque a pesar del pacto alcanzado entre administraciones, a 31 de diciembre de 2014 no se había devuelto ni un solo euro. La cifra acumulada ya venía en su mayor parte del año anterior, ya que el primer día del ejercicio contable, el Consell ya debía algo más de 624 millones de euros. Doce meses después aumentó ese montante en más de un 53%.

En ese 2014 la recaudación por IRPF del Gobierno de Fabra a sus funcionarios fue de 1.294 millones, pero sólo pagó a la Agencia Tributaria 960 millones en impuestos por esos trabajadores. Al dejar más de 336 millones a deber, incrementó aún más el agujero que ya arrastraba desde el 1 de enero.

El caso de las cotizaciones a la Seguridad Social no es muy distinto. A 31 de diciembre de 2014, la Generalitat aún tenía pendiente de pago a la Tesorería General del Estado 167 millones de euros por sus funcionarios. En el caso de médicos y enfermeras, sus cotizaciones correspondientes a noviembre y diciembre (70 millones) se aplazaron incluso y liquidaron en el año siguiente. También las cotizaciones del personal de los centros concertados, cuyas retenciones se acabaron trasladando al años siguiente (21 millones de euros). Es decir, que encima en la deuda contraído no se incluyen esos dos conceptos. La Seguridad Social concedió en mayo de 2013 un aplazamientos de 24 cuotas entre 2010 y 2012 por 194 millones, pero de esa cantidad, tan sólo se habían devuelto 61.