Procesan a una familia por el crimen de un hombre al que cuidaban en Alicante

La muerte de Francisco, de 57 años, se enmascaró como natural hasta que los médicos forenses hallaron indicios claros de que el óbito parecía haberse producido de forma violenta, «producto de alguna fuerza externa». La ciudad de Alicante amaneció a comienzos de septiembre con un crimen. Fue en el número 2 de la calle Ollería, en el alicantino barrio de Los Ángeles.

Las declaraciones del principal sospechoso y de su entorno, además de sus actos pocas horas después de un fallecimiento nada común, han llevado al juez que ha dirigido la investigación a procesar a los cinco presuntos implicados: un amigo del difunto y su pareja, quien limpiaba el domicilio de la víctima, así como la madre, la hermana y el cuñado de la asistenta.

El sospechoso de cometer el crimen, un hombre de 39 años, se encuentra en prisión por los hechos ocurridos el 5 de septiembre de este año. Los demás posibles compinches declararon tras el suceso. Habían extraído 3.000 euros de la cuenta de Francisco el lunes siguiente a su fallecimiento, ocurrido un viernes. Los cuatro han sido procesados por delitos de apropiación indebida, receptación y encubrimiento.

Lo que parecía una muerte natural pronto se tornó en un posible crimen por estrangulamiento. Los indicios poco claros de los primeros compases de la investigación han adquirido la certeza suficiente como para que el juez mande procesar a los cinco imputados y los aboque al banquillo de la Audiencia Provincial una vez el fiscal responsable del caso concrete las acusaciones.

El cuerpo sin vida de la víctima se halló el sábado 6 de septiembre. La que desde hacía un tiempo limpiaba el domicilio de Francisco dio la voz de alarma, según narró en sus declaraciones policiales y judiciales. La víctima, al parecer, no había fallecido, ya que el presunto homicida trató de explicar al juez cómo en un intento por reanimarle pudo haberle partido el cuello, según declaró asistido por su defensa, el letrado Emilio Ayela Llorca. La versión, por el momento, no se sostiene y el Juzgado de Instrucción 5 acordó el ingreso en prisión del detenido ante las claras contradicciones con las averiguaciones de los forenses y mandó proseguir con la práctica de diligencias.

Horas en su casa

Al parecer, el procesado pasaba muchas horas con la víctima en su casa, donde se dedicaban a ver películas. Eso mismo ocurrió la noche de los hechos, tal y como declaró el presunto homicida, pero cuando él se marchó en torno a las tres de la madrugada, el hombre permanecía con vida. Las pesquisas llevadas a cabo por agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Comisaría Provincial apuntan en otro sentido. Según refleja el auto del juez, al que ha tenido acceso este diario, el teléfono móvil del detenido se encontraba en el escenario del crimen a las seis de la mañana. Se registró una llamada del reo con su pareja. De hecho, el intercambio de comunicaciones esa noche fue sospechosamente elevado.

Unos días más tarde, pasaron por sede judicial la pareja del arrestado, asistenta de Francisco, y la madre de ésta. Semanas después también desfilaron por el Palacio de Justicia de la capital la hermana de la asistenta y el cuñado. El motivo: 3.000 euros sacados de la cuenta bancaria de la víctima el lunes 8 de septiembre. La asistenta disponía de poderes para hacerlo, pero la maniobra no termina de cuadrar por el corto espacio de tiempo transcurrido desde que suceden los hechos. Ella alegó que el fallecido le prometió, además de a su madre, el dinero, lo cual resultaba habitual. Incluso habían pedido permiso al hijo de Francisco, un extremo que se contradice con lo dicho por el heredero.

Los otros dos, la hermana de la limpiadora y el cuñado, figuran en el sumario por presuntamente haber percibido parte del montante. De hecho, según declararon en sede judicial, se gastaron pronto su parte para la compra de un vehículo, como refleja el auto judicial. Sin embargo, desconocían la procedencia del dinero.

Ahora las partes, encarnadas por el Ministerio Público y la defensa de los acusados, deberán presentar sus escritos de acusación o defensa, respectivamente en cada caso, para que el juzgado decida si ha de dictaminar la apertura de juicio oral. Para asegurar las posibles responsabilidades civiles en caso de acabar el asunto en condena, el Juzgado de Instrucción 5 ha impuesto una fianza de 5.000 euros a los procesados.