El juez del 'fraude del AVE' deja libre al exsecretario de Aguas al no existir riesgo de que huya

Después de un mes y cinco días 'disfrutando' del particular régimen de alojamiento y manutención del centro penitenciario de Campos del Río, el exsecretario del Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela, Aníbal Bueno, quedó ayer en libertad provisional, aunque continúa encausado por el 'fraude del AVE'. El titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Murcia, Francisco Navarro, ordenó ayer su excarcelación, aunque le fija la obligación de acudir a firmar todos los días 1 y 15 de cada mes y le retira el pasaporte para evitar que pueda salir de España sin autorización judicial.

El instructor ha tenido en cuenta los argumentos planteados por el abogado del exsecretario, el penalista Raúl Pardo-Geijo Ruiz, en el sentido de que no existe riesgo de fuga, ya que está perfectamente acreditado su arraigo familiar y social. También resalta el hecho de que carece de antecedentes penales.

El magistrado destaca en su auto, sin embargo, que la investigación está confirmando «la existencia de indicios racionales de criminalidad en la conducta de Aníbal Bueno», por lo que se le mantiene imputado en las diligencias.

Las gestiones que vienen realizando desde hace meses los funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA), dependiente de la Agencia Estatal Tributaria, y los agentes de la Unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil de Murcia han permitido conocer que el exsecretario del Juzgado de Aguas de Orihuela se embolsó entre los años 2011 y 2013 unos 700.000 euros de una empresa constructora de Murcia, Obras Marimar SL, a cambio de supuestas labores de asesoramiento y trabajos de informática que no se habrían efectuado.

Para ello, Aníbal Bueno habría montado junto a su hijo la comunidad de bienes Aslein Asesoría Legal e Informática CB, que era la que utilizaba para facturar.

Obras Marimar se estaba encargando en esa época de reparar las tuberías y acequias afectadas por la instalación de las vías del AVE, por lo que los investigadores sospechan que los pagos a Bueno, así como al exjuez Jesús Abadía y al ingeniero José Manuel Fernández eran una forma de garantizarse los trabajos y que desde el Juzgado de Aguas no se le iban a poner reparos a su tarea.