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R. A.
Viernes, 18 de diciembre 2015, 00:44
La mesa de contratación del Patronato Municipal de la Vivienda de Alicante aprobó la compra de 25 viviendas por un total de 690.000 euros, dentro del concurso público abierto para la adquisición de inmuebles destinados a alquiler social. Los pisos cuentan con unas aceptables condiciones, ascensor y están situados en diferentes barrios de la ciudad para evitar crear guetos en una única parte del casco urbano, según explicaron fuentes municipales.
La sede del Patronato de Vivienda fue el escenario para la apertura de los sobres con las ofertas que presentaron las entidades financieras. Al final, tras la clasificación de la oferta económica, se aprobó inicialmente la compra de diez inmuebles al Banco Sabadell, cinco a Liberbank, cinco a Abanca y cinco a UCI (Unión de Créditos Inmobiliarios del grupo Banco Santander). En total, se habían presentado 41 inmuebles propiedad de entidades financieras, que tenían un tope de 15 viviendas.
Aunque la intención inicial del Ayuntamiento era invertir una media de tres mil euros por vivienda para así ampliar el parque de vivienda social de los 800 que ahora hay aproximadamente a cerca de un millar, finalmente decidieron que era más rentable apostar por pisos mejor conservados, en los que no fuera necesario hacer ninguna reforma (pese a que corrían a cuenta de las entidades) para que estuvieran disponibles cuanto antes.
El precio de los inmuebles adquiridos, pues, varía entre los 25.000 y los 30.000 euros, según explicaron fuentes municipales. La concejal de Acción Social, Nerea Belmonte, comprobó que todas la viviendas cumplen los requisitos que el Ayuntamiento exigía para presentar al concurso: que contaran con dos habitaciones al menos y un baño; que, en el caso de carecer de ascensor, como máximo tendrán que ser un tercero; y que estuvieran al corriente de los pagos con la comunidad de propietarios y con los impuestos de ámbito municipal y estatal. Para la edil de Vivienda «se trata de viviendas accesibles con ascensor o en bajos y en condiciones muy satisfactorias de habitabilidad, tanto por la calidad como por la dignidad de las mismas».
Además, en cuanto a los pisos que necesiten reformas, «las entidades deberán llevarlas a cabo en un plazo de dos meses y sin ningún coste para el Ayuntamiento», apuntó Belmonte. La concejal incidió en que los pisos están geográficamente distribuidos por diferentes barrios.
Para esta mañana se ha convocado una Junta General Extraordinaria del Patronato Municipal de la Vivienda para aprobar definitivamente la propuesta, que tiene que estar cerrada antes de que acabe el año o, de lo contrario, este remanente iría al pago de la deuda municipal.
Está previsto que la próxima semana se firmen las escrituras de las nuevas viviendas sociales, para que puedan ser adjudicadas en alquiler lo antes posible, a principios de 2016, según explicaron fuentes municipales.
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