La juez pide al Consorcio de la Vega Baja que calcule los gastos por no abrir la planta de Cox

La titular del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Orihuela, donde se instruye el caso Brugal, ha solicitado al Consorcio de Residuos del Plan Zonal de la Vega Baja que cuantifique los gastos por el incumplimiento en la puesta en marcha de la planta de transferencias en Cox.

La medida tiene como objetivo fijar las posibles responsabilidades civiles derivadas de una posible condena de los encausados, entre los que destacan el empresario Ángel Fenoll y la exalcaldesa de la localidad Mónica Lorente. El incumplimiento obligó a los ayuntamientos a asumir el coste de enviar la basura a otras plantas de la provincia.

El auto, al que ha tenido acceso Europa Press, fue emitido el lunes y en él se solicita, a petición del Fiscal Anticorrupción, al Consorcio de Residuos del Plan Zonal de la Vega Baja la documentación.

La petición afecta a los Ayuntamientos de la comarca que tuvieron que asumir los costes de la recogida de basuras, por el retraso en la puesta en marcha del plan comarcal, y que les obligaba a enviar sus residuos a la planta de Villena, Xixona y Elche.

Por ello, la juez exhorta al Consorcio a emitir un informe técnico relativo a "los gastos que ha tenido este organismo que agrupa a los 27 municipios de la Vega Baja desde la fecha de su constitución hasta ahora. En el informe se deberán de indicar los gastos por año e incluir todos, no sólo los presupuestados, sino también cualquier otro generado en el expediente de adjudicación del contrato de concesión de obra pública del proyecto de gestión de residuos urbanos".

Personación

Por otra parte, el ministerio fiscal ha solicitado al juzgado que posibilite la personación del Consorcio en la causa por "los perjuicios que se le hubieran ocasionado como consecuencia de los hechos delictivos que se están investigando en la causa".

Esta petición ha sido valorada por el PSPV "como un respaldo" a la postura mantenida por los socialistas "desde el principio de la investigación" y en la que defendían la personación del Consorcio como acusación particular para poder reclamar.

El macro procedimiento en el que se investigan 17 posibles tramas que implican a más de 40 personas entre políticos, técnicos de la administración y conocidos empresarios de Alicante, tiene una especial incidencia en la Vega Baja en el que su principal investigación se centra en la adjudicación de la contrata de basuras de Orihuela y el millonario contrato de los desechos de la Vega Baja.

En este sentido el fiscal también ha pedido información sobre la situación en la que se encuentra el contencioso-administrativo, ya resuelto por el juzgado número 2 de Alicante, por el que se desestima el recurso presentado contra la decisión adoptada el 21 de enero de este año de resolver el contrato por un supuesto incumplimiento por parte de la adjudicataria, la UTE Cespa-Ortiz, por no abrir en plazo la planta de transferencia prevista en COX.

Por otra parte, Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juzgado que declare el procedimiento "instrucción compleja" por entender que la causa no podrá estar conclusa en los 18 meses que marca la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El fiscal entiende que se dan los requisitos previstos por la legislación "sin perjuicio de la posibilidad de solicitar una nueva prórroga de este plazo, si fuera necesario".