El IVF rechazó ya en mayo que Coepa diese en pago el centro de oficios

El Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) no aceptó, ya el pasado 18 de mayo, poco antes de las elecciones que dieron un vuelco total al perfil político del Gobierno valenciano, que Coepa le entregara como dación en pago el polémico centro de oficios del barrio de Babel para saldar, así, la deuda de 3,9 millones de euros que mantiene la patronal desde el año 2006 y de la que solo ha devuelto 225.000 euros del capital principal.

En sus últimas manifestaciones públicas, tanto el conseller de Hacienda, Vicent Soler, como el director general del IVF, Manuel Illueca, se han mostrado totalmente en contra de la dación en pago para saldar dicha deuda, única vía que le queda a Coepa para salvarse de la liquidación tras presentar a mediados de noviembre preconcurso de acreedores para ganar cuatro meses de tiempo. Pero los anteriores rectores del brazo financiero de la Generalitat (aún no es formalmente un banco público) tampoco dieron el visto bueno a la operación. De hecho, la ejecución del préstamo y el embargo de todos los bienes lo inició el anterior conseller de Hacienda, Juan Carlos Moragues.

La revelación la dio a conocer ayer el presidente de Cepyme, Cristóbal Navarro, la voz más crítica durante los últimos años sobre la gestión de Coepa, de la que fue expulsada la patronal de pymes. Navarro envió el día 4 un requerimiento al propio Illueca para que se le facilite el informe del 18 de mayo del jefe del 'staff' jurídico del IVF sobre la no viabilidad de aceptar la dación en pago y la cesión de uso del inmueble al Servef (Servicio Valenciano de Empleo y Formación). El documento fue aportado a la Fiscalía Provincial de Valencia en el marco de las diligencias de investigación penal a raíz de una denuncia escrita de Cepyme por el presunto delito de malversación de fondos (al no exigir a Coepa la devolución del crédito de 3 millones) contra la entonces directora del IVF y los consellers de Hacienda, Juan Carlos Moragues, y de Economía, Máximo Buch.

Además, Navarro pide a Illueca que le informe de, si en el año 2015, se acordó por decisión del IVF o por recomendación del auditor la provisión por insolvencia del crédito pendiente de cobro a Coepa «toda vez que se puede desprender del informe del fiscal que obra en poder de Cepyme Alicante que cualquier pérdida registrada en la cuenta de resultados del IVF, en relación al crédito de Coepa, daría lugar al tipo penal denunciado en su día por esta parte». Este informe ha sido facilitado por el IVF a la Fiscalía de Valencia y, según Navarro, «da la posibilidad a esta parte de continuar con las acciones penales frente a los órganos de Justicia en el momento en que se constate el perjuicio para el IVF por el crédito impagado».

Navarro manifestó a este diario que «en el seno de Cepyme Alicante hay malestar porque en el Conell no suceden las cosas, siguen los mismos al frente de Coepa o de IFA», abunda el presidente de la patronal de pymes de la provincia.

En las últimas semanas del año, desde Presidencia de la Generalitat se dejó entrever que se estaba estudiando alguna fórmula de «ingeniería financiera» para aceptar la entrega del edificio. Pero nunca el conseller de Hacienda, Vicent Soler, la ratificó. Además, este escenario tiene un doblo obstáculo añadido. El suelo del centro es de propiedad municipal, tras un convenio firmado por el exalcalde Díaz Alperi en el año 2001 para la cesión durante treinta años. Además, esa cesión podría ser nula, pues el Ayuntamiento cree que se pudo «forzar» la declaración de Coepa como entidad de interés municipal, a la que solo acceden asociaciones vecinales o similares.