El Gobierno aprueba los planes de cuenca sin garantías de que haya un nuevo PHN

Los planes de cuenca de las dieciséis demarcaciones hidrográficas españolas, tanto las de competencia estatal como autonómica, fueron aprobados ayer por el Consejo del Ministros, pero sin garantía alguna de que se elabore en la próxima legislatura un nuevo Plan Hidrológico Nacional que resuelva definitivamente el déficit estructural de la cuenca del Segura. El Ejecutivo de Mariano Rajoy cumplió el trámite previsto, pero faltan las medidas que realmente importan a la Región de Murcia, Alicante y Almería. El Gobierno central en funciones cumplió con el calendario marcado por la Unión Europea, con lo cual evitará nuevas sanciones, aunque no hizo ninguna referencia al prometido pacto de Estado sobre agua.

El plan del Segura ratificado ayer subraya que serán necesarias más aportaciones externas para corregir el déficit y resolver la sobre explotación de los acuíferos, y se remite para el ello al futuro PHN. La incertidumbre política actual será un obstáculo para la nueva planificación hidrológica nacional, contando además con que Castilla-La Mancha y Aragón, gobernadas por el PSOE con el apoyo de Podemos, están en contra de los trasvases. Asimismo, el Ejecutivo de García-Page ha recurrido los planes del Tajo y Segura.

En los últimos cuatro años, el Ejecutivo central condicionó el PHN a la aprobación de los planes de cuenca, que permiten conocer los recursos disponibles en cada territorio y los déficits pendientes de resolver, que en el caso del Segura asciende a 400 hectómetros, aunque el saldo hidrológico negativo es superior y llega a los 945. El documento aprobado ayer certifica que la Región de Murcia y parte de Almería y Alicante constituyen la única con un acentuado desequilibrio, mientras que en las cuencas del Ebro, Tajo, Duero, Miño, Guadiana y Guadalquivir sus recursos son superiores a los consumos para los seis próximos años. La del Júcar es parcialmente deficitaria. El PHN debe aportar soluciones al déficit del Segura, que no se puede cubrir con las plantas desaladoras. El trasvase Tajo-Segura seguirá funcionando con las nuevas reglas de explotación, aunque ha quedado fuera del control de la Confederación Hidrográfica del Tajo.

El Consejo de Ministros aprobó por real decreto todos los planes para el periodo 2016-2021 y destacó que impulsará la transferencia de 50 hectómetros cúbicos para el Trasvase Júcar-Vinalopó; mientras que en el caso del segura reseñó que su déficit se reducirá en 80 hectómetros respecto al plan anterior debido al uso de «las desaladoras y de nuevas actuaciones», que no especificó. se reducirá el déficit de cuenca en 80 hectómetros cúbicos. Las demarcaciones de competencia estatal son la del Cantábrico occidental y oriental, Guadalquivir, segura, Ceuta y Melilla, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro. La autorización corresponde al segundo ciclo de planificación hidrológica, que fue sometido a un amplio proceso de información pública y que contó previamente con la aprobación del 80% de los miembros del Consejo Nacional del Agua.

La ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, que compareció en rueda de prensa con la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, calificó estos planes de «absolutamente fundamentales» al considerarlos «el instrumento más importante para la gestión del agua» además de para la protección de los propios cursos fluviales «algo especialmente importante en un país como España». Recordó que la UE obliga a aprobar un plan para cada demarcación hidrográfica en períodos de 6 años, pero el correspondiente a 2009-2015 no fue desarrollado y «a finales de 2011, no había ninguno aprobado, por lo que este Gobierno tomó como prioridad sacar adelante el primer ciclo y, una vez aprobado, hicimos un enorme esfuerzo para ponernos al día» y aprobar hoy el segundo ciclo.

Cada uno de los planes contiene una memoria -con asignaciones de cuenca y reservas para futuras demandas-, un apartado de normativa jurídica y un programa de medidas para atender «necesidades de todo tipo» desde la construcción de embalses hasta normativa de saneamiento o iniciativas para paliar «episodios climatológicos extremos» como sequías o inundaciones. En el caso de los planes de competencia estatal, se detallan más de diez mil medidas que exigirán una inversión de 15.000 millones de euros. La nueva normativa también incluye mejoras medioambientales para conservar y proteger los ecosistemas vinculados a los ríos, como el incremento de los caudales ecológicos -flujos necesarios de agua que deben contener los ríos para impedir su deterioro-, que en el primer ciclo se fijaron en 2.500 tramos fluviales y en esta revisión suman otros 750, con lo que ya suman 3.250. Para incrementar la calidad de las aguas, se garantiza además una inversión por importe superior a los 1.100 millones de euros en saneamiento y depuración.

García Tejerina insistió, además, en la creación de las reservas fluviales, una nueva figura de protección medioambiental que preservará los tramos de los ríos en buen estado ecológico.

El Gobierno aprobó recientemente las primeras 82 reservas fluviales, que ahora se amplían hasta las 135, lo que supone una «especial protección» para más de 1.700 kilómetros de río. Estos planes, según la ministra, eran «muy esperados» porque contemplan «soluciones específicas para problemas concretos en determinadas cuencas».

La ministra también destacó que en el proceso de elaboración de la normativa han participado «todas las administraciones públicas, todos los representantes sociales, todos los usuarios del agua..., todas las entidades y personas interesadas», muchas de cuyas aportaciones «han sido contempladas y recogidas».