Un ex director general del Consell, detenido por la red de extinción de incendios

El caso del presunto amaño de la adjudicación del servicio de extinción de incendios en la Comunitat sumó ayer nuevos detenidos. El más relevante es Pedro Hidalgo, exdirector general de Interior durante la etapa de Serafín Castellano, exconseller de Justicia y exdelegado del Gobierno, que también está siendo investigado por su supuesta participación en los hechos. Al parecer, Hidalgo habría aceptado regalos a cambio de favorecer a la trama delictiva en la adjudicación de contratos. Durante la operación, los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) registraron la propia vivienda del ex director general. Se da la circunstancia de que el arrestado apenas estuvo un año en este departamento autonómico. Tras este periodo pasó a desempeñar otras responsabilidades, en concreto, la de director general para las personas con discapacidad y dependencia de la Conselleria de Bienestar Social. En aquel momento, Juan Cotino dirigía este departamento. Hidalgo, que llevaba jubilado varios años, era Ayudante Técnico Sanitario (ATS).

Los agentes entraron también en dos empresas y dependencias de los Bomberos. Una de las mercantiles es la UTE Inaer, encargada de abastecer a la Generalitat en el servicio de helicópteros y brigadas destinados a las tareas de extinción de incendios forestales, así como de urgencias sanitarias, coordinación y emergencias. A raíz del registro en Inaer, el director de la Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, José María Ángel, anunció que se revisarán todos los expedientes contractuales.

La otra sociedad, cuyo nombre no ha trascendido, está relacionada también con aparatos de vuelo. La policía detuvo al responsable de esta mercantil. Fue puesto en libertad al cabo de unas horas, según fuentes judiciales. No llegó a pasar a disposición judicial.

La causa sigue bajo secreto en el juzgado de Instrucción número 2 de Sagunto. El asunto comenzó a raíz de la confesión del exgerente de la empresa Avialsa que denunció las presuntas corruptelas de la mercantil para lograr los servicios. Esta colaboración con los investigadores se inició tras romper su relación con su antigua empresa.

No obstante, las pesquisas han revelado que esta práctica, lejos de ser un asunto particular de la Comunitat, constituían un método delictivo que pudo repetirse en otros concursos en diferentes autonomías. Es más, los tentáculos de la red se extienden incluso en adjudicación en Italia y Portugal. No se descarta incluso que se descubran otros fraudes similares en más países europeos.

La investigación rastrea un importe total de varias decenas de millones de euros. Sólo en la Comunitat la cifra alcanza los 33 millones de euros. Las ramificaciones nacionales podrían hacer que el asunto recalara finalmente en la Audiencia Nacional, una posibilidad que cada día cobra más fuerza.

Los investigadores sospechan de que el coste anual del servicio de extinción en la Generalitat se incrementara sin motivo de tres a cinco millones de euros y, además, de que no hubiera penalización para una empresa cuyos mejores y más importantes aviones nunca llegaron a estar disponibles. Informes policiales apuntarían a que este trato de favor se logró debido a diferentes contraprestaciones. Y es ahí donde aparecen los regalos al exconseller Castellano, familia y amigos. Los agentes detectaron que Avialsa llegó a abonar cerca de 430.000 euros. El mayor gasto fue en cacerías y los alojamientos. Pero también aparece el regalo al exconseller de un reloj que superaría los 60.000 euros y supuestamente joyas de gran valor económico para su esposa.

El mismo juez también investiga dos planes urbanísticos en Alfara de la Baronia. En concreto, sobre los de Nova Alfara y Residencial Alfara. La UTE promotora de Nova Alfara estaba formada por las empresas Consrocas, de Puerto de Sagunto, y Avitractor, cuyo domicilio social es el mismo que el de Avialsa. Un exalcalde, empresarios y un funcionario de Aviación Civil están imputados.