Dos abogados aceptan las condenas por falsificar asistencias del turno de oficio

Dos abogados han aceptado sendas penas de 21 meses de prisión tras confesar que falsificaron partes de asistencia del turno de oficio de Alicante y cometer así un fraude que ha sido cifrado finalmente en 8.081 euros, según han informado hoy fuentes de la fiscalía.

El juicio por estos hechos estaba señalado para el próximo lunes en la sección tercera de la Audiencia de esta provincia, pero su celebración ya no es necesaria porque los acusados llegaron ayer, jueves, a un acuerdo de conformidad con el ministerio público y la acusación particular, que ejerce la Generalitat.

Los hechos ocurrieron entre 2005 y 2009, cuando los procesados hicieron constar en partes y talones presentados al Colegio de Abogados de Alicante asistencias jurídicas que no eran reales, pues los clientes habían sido asistidos por otros letrados o bien ellos ya habían cobrado con anterioridad por estos trabajos.

La fiscalía sostiene que cambiaron las fechas en los documentos para duplicar los cobros, percibieron dinero por "asuntos inexistentes" o realizaron partes "ficticios o prefabricados" tras obtener datos en los juzgados o la Fiscalía de Menores.

"En otras ocasiones, las personas que se decían asistidas por los acusados en sus partes eran realmente personas imputadas asistidas por éstos, pero no en la guardia en que las declaraban sino en otras anteriores, para lo que se inventaban un número de diligencias judiciales", añade la acusación pública en su calificación jurídica.

También señala que conseguían cobrar todas las guardias como dobles, a 300 euros cada una, al superar siempre el número de seis personas asistidas, para lo que incluían a clientes a los que habían defendido con anterioridad.

Inicialmente, el Colegio de Abogados de Alicante había calculado el fraude en 138.374, pero la institución ha reducido la cantidad pagada a los reos de forma indebida que puede demostrar tras un nuevo arqueo de caja hasta los 8.081 euros, según las fuentes consultadas.

Los letrados encausados han reintegrado ya ese dinero a la Generalitat, que es la que sufraga la asistencia jurídica gratuita, por lo que se han beneficiado de la atenuante de reparación del daño.

Además, se han declarado autores de un delito de falsedad en documento público y oficial en concurso con otro de estafa y han aceptado sendas condenas de 21 meses de cárcel.

Sus respectivas defensas van a solicitar ahora al tribunal de la Audiencia que suspenda la ejecución de dichas penas para evitar el ingreso en prisión, medida a la que no se van a oponer ni el ministerio público ni la acusación particular.