Castellano: «Demostraré mi inocencia; lo que se publica sobre mí es un disparate»

El exdelegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana y exconseller del PP Serafín Castellano, investigado por el supuesto amaño de contratos de servicios de extinción de incendios, aseguró ayer que todo lo que se está publicando sobre él es «un auténtico disparate».

Castellano, quien compareció en la comisión de investigación de Les Corts sobre el accidente de metro de Valencia de 2006, se pronunció así ante los medios de comunicación en sus primeras declaraciones públicas desde que el pasado mayo fuera detenido e investigado en la causa que instruye un juzgado de Sagunto. El exdelegado del Gobierno afirmó que espera tener ocasión, «lo antes posible», de demostrar su «total y absoluta inocencia», y aseguró que todo lo que conoce sobre este asunto es lo que lee en los medios de comunicación, que según señaló saben más que él.

Castellano indicó que «cada cosa se habla donde toca», y que ayer acudió a Les Corts en calidad de exportavoz del grupo popular para hablar de la comisión del accidente de metro, por lo que sobre la causa judicial que le afecta hablará «en el foro adecuado». Además, recordó que la causa está 'sub iudice' y se declaró el secreto de sumario, por lo que es respetuoso con la ley y con la justicia. Finalmente, pidió que, cuando se demuestre su inocencia, los medios de comunicación «le den también la misma dimensión a las noticias» e insistió: «Lo que se está publicando respecto a mí es un auténtico disparate».

En la ya conocida como la 'trama del fuego', ayer dos de los detenidos por el supuesto amaño de contratos para la extinción de incendios que fueron arrestados el pasado miércoles y que pasaron ayer a disposición judicial fueron puestos en libertad con cargos y se les ha retenido el pasaporte y prohibido salir del territorio nacional. Se trata del exalto cargo de la Generalitat valenciana Pedro Hidalgo y el alto cargo del Gobierno catalán Ramón Dinares, según el TSJ.

Hidalgo, ex director general de Interior y ex director general de atención a las personas con discapacidad, está investigado (figura legal que sustituye al término imputado en la nueva legislación) por falsedad, prevaricación cohecho y malversación, si bien se ha negado a declarar, han informado las mismas fuentes. Por su parte, Ramón Dinarès, responsable de área catalana en materia de prevención de incendios, está investigado por cohecho, malversación y negociación prohibida a funcionario. En esta misma causa se encuentra investigado el exdelegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana y exconseller del PP Serafín Castellano.

La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, también se refirió ayer a la trama y explicó que pese a que el Gobierno regional no ha abierto ninguna investigación formal o auditoría al respecto, está «alerta», por lo que podría suponer el «amaño de más de 100 millones de euros en contratos».

«Estamos alerta y atentos sobre esas empresas que pueden haber cometido delitos con la administración del PP, por las consecuencias que puede haber, no solo en los tribunales, sino también administrativas», señaló Oltra.