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PÉREZ PARDO
Sábado, 16 de enero 2016, 00:56
Ciudadanos da por roto el pacto suscrito con el Partido Popular para sustentar la Diputación Provincial de Alicante después de que el presidente, César Sánchez, haya otorgado competencias de gobierno al alcalde de La Nucía, Bernabé Cano, imputado por un presunto delito de prevaricación por una cuestión administrativa al obviar una sentencia del TSJ en una relación de puestos de trabajo. El diputado provincial de la formación, Fernando Sepulcre, explicará el lunes en rueda de prensa los motivos concretos que llevan a la formación naranja a dejar de dar soporte al gobierno provincial.
Fundamentalmente, porque el nombramiento de Cano chocaría con el documento firmado entre el propio César Sánchez y el coordinador provincial de Ciudadanos, Emigdio Tormo, el pasado mes de julio para investir al también alcalde de Calpe como presidente de la Diputación Provincial de Alicante. En este documento se ponían las condiciones de apoyo de Ciudadanos al Partido Popular, entre ellas que no figuraran imputados en el órgano de gobierno provincial.
La imputación de Cano no es por delitos de corrupción, sino por una cuestión administrativa, por lo que desde el PP entienden que no han contravenido el espíritu del acuerdo alcanzado con Ciudadanos después de no pocas dificultades. Entre ellas, que el primer candidato popular, José Císcar, se tuviera que apartar para dejar paso a una persona de consenso, que finalmente fue César Sánchez. No lo ven así desde Ciudadanos, por lo que retiran su apoyo al PP, que queda en minoría en la Cámara provincial, con 15 diputados de 31.
Bernabé Cano, que obtuvo su puesto como diputado provincial por la comarca de la Marina Baja, mantenía el escaño pero no tenía competencias de gobierno hasta el pasado miércoles, cuando el presidente de la institución provincial firmó un decreto para adjudicarle las responsabilidades de coordinación de obras.
Antes de firmar el decreto, César Sánchez telefoneó al diputado de Ciudadanos para explicarle el nombramiento, según fuentes de la Diputación Provincial. A partir de aquí difieren las versiones, puesto que los populares aseguran que obtuvieron una conformidad tácita de Fernando Sepulcre, que fuentes próximas al diputado naranja niegan rotundamente. Aseguran que el presidente de la institución provincial firmó un decreto «bajo su autoridad y responsabilidad», ya que es competencia del presidente nombrar gobierno y que el diputado nada podía hacer.
Algunos dirigentes populares, sin embargo, ven detrás de esta ruptura en la Diputación de Alicante al coordinador provincial de Ciudadanos en la provincia, Emigdio Tormo, antiguo colaborador del expresidente provincial José Joaquín Ripoll. No tanto contra César Sánchez, sino contra el propio Fernando Sepulcre, al que una parte del partido considera como rival del propio Tormo para disputarle la dirección de la formación naranja. Las presiones desde que se conoció el nombramiento de Cano contra el diputado provincial de Ciudadanos han sido patentes para que se rompiera el acuerdo con los populares, cosa que finalmente parece que ha ocurrido.
Ahora, los populares gobernarán en minoría la institución, aunque los presupuestos del presente ejercicio ya se aprobaron provisionalmente el pasado mes de diciembre, no sin polémica al quintuplicar la consignación presupuestaria a los grupos políticos. Las cuentas salieron adelante con los votos del PP y del PSPV, después de un acuerdo con la dirección autonómica.
Además del nombramiento de Bernabé Cano, el presidente también nombró en el mismo decreto al exalcalde de Benidorm, Agustín Navarro, como vicepresidente de la comisión especial de Cuentas a propuesta de los socialistas. Navarro también está imputado por un supuesto delito de prevaricación continuada.
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