Pavón cree que puede haber responsabilidad penal para el gobierno del PP por los graneles

El vicealcalde y concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante, Miguel Ángel Pavón, consideró ayer que de la investigación que está llevando a cabo la Fiscalía Anticorrupción por la actividad ejercida durante más de 20 años por las empresas de carga y descarga de graneles en el puerto sin licencia ambiental podrían derivarse «responsabilidades penales».

El edil estima que estas responsabilidades penales se «circunscribirían a anteriores equipos de gobierno» que no ejercieron «adecuadamente» su labor y no defendieron los intereses generales «de forma contundente» frente a «determinados intereses privados».

Se refiere a la política desempeñada por sus antecesores en el equipo de gobierno, los populares, que, aunque instaron la tramitación de la licencia ambiental para las tres empresas en 2008 (tras años sin ella), finalmente acabaron archivando el expediente tras recibir informes contradictorios de la Generalitat y del Ministerio de Fomento sobre la titularidad de esta actividad.

No está claro, desde el punto de vista legal, si la licencia debe pedirse a la Autoridad Portuaria o a las empresas. Y esta duda paralizó todo el proceso de exigencia de licencia.

Para Pavón, lo fundamental es que la actividad de carga y descarga de graneles en el Puerto no se puede seguir desarrollando sin la correspondiente autorización ambiental, «independientemente de quien sea el titular a quien se pide esa licencia».

El edil eximió al actual equipo de gobierno de cualquier responsabilidad en el caso penal que se investiga, dado que, recordó, él mismo exigió por escrito a la Autoridad Portuaria esta licencia, el mismo día en el que se presentó la denuncia por parte de los vecinos de Gran Vía Sur-Puerto.

Controversia jurídica

El vicealcalde explicó que la Autoridad Portuaria está pidiendo «informes jurídicos» para dirimir a quién se le debe exigir esa responsabilidad. Pero, en cualquier caso, dejó claro que esa actividad es «potencialmente contaminante», tal como reconocía un informe de 2009 de la Generalitat que, además, instaba a adoptar «medidas correctoras muy drásticas».

Medidas que, a su juicio, de haberse aplicado podrían haber supuesto la concesión de la licencia, la regularización de la actividad y, por tanto, el fin del conflicto. Sin embargo, finalmente no se pusieron en marcha porque se archivó el expediente por parte del Ayuntamiento.

Pavón resaltó la voluntad de las administraciones del Puerto, la Generalitat y el Ayuntamiento de solucionar esta situación heredada y añadió que «nadie quiere que esa actividad deje de producirse en el Puerto de Alicante, pero hay medidas para corregirla ambientalmente».

El portavoz del equipo de gobierno, Natxo Bellido, hizo ayer hincapié en la «máxima colaboración» del equipo de gobierno con la Fiscalía, a la que se le remitirá, tal y como ha demandado, toda la documentación sobre el expediente.

Por su parte, la Autoridad Portuaria informó ayer de que el pasado 16 de diciembre, siete días después de que tuviera entrada la solicitud de la Fiscalía, «le fue remitida toda la documentación solicitada, incluyendo el escrito de fecha 13 de noviembre de 2015 de la Autoridad Portuaria de Alicante en respuesta al escrito de 6 de noviembre del mismo año de la Concejalía de Urbanismo». Es decir, la respuesta a la solicitud de licencia ambiental, que consistía en señalar que se iban a recabar informes legales para dilucidar si dicha licencia era exigible o no. Informes que están en vías de elaboración.

El presidente de la asociación de vecinos Gran Vía Sur-Puerto, Manuel Alcón, se mostró satisfecho con la decisión de la Fiscalía y señaló que solo quieren que se instalen «medidas correctoras».