Trabajo investiga a empresas que eluden su obligación de contratar a discapacitados

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la Comunitat Valenciana ha iniciado una investigación sobre las empresas (se trataría de cientos) que hacen uso de una triquiñuela legal para eludir realizar la reserva en su plantilla y contratar directamente a trabajadores con discapacidad física o psíquica, pese a obligarles la vigente Ley General de la Discapacidad. La federación de asociaciones de discapacitados intelectuales de la provincia, Upapsa, se reunió recientemente con la directora general de Trabajo y Bienestar Social, Cristina Moreno, para trasladarle el «abuso» que, en su opinión, están haciendo muchas pymes alicantinas de más de cincuenta trabajadores del silencio administrativo afirmativo para no cumplir con sus responsabilidades en materia de contratación.

La Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo confirma a este diario que la autoridad laboral de la Generalitat Valenciana, representada por Cristina Moreno, ya ha dado instrucciones precisas al director territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en la Comunitat, Eusebio Ortiz, para que profundicen en esta práctica y controlen, incluso con visitas 'in situ', a esas cientos de empresas que por tener más de 50 empleados deben reservar un 2% de su plantilla para un trabajador con discapacidad. Es decir, al menos un puesto para una persona con deficiencia intelectual o física. En el caso de las empresas de cien de plantilla serían dos y si tiene 150 empleados, al menos tres discapacitados.

La práctica supuestamente abusiva e irregular consiste en que las empresas obligadas a contratar a discapacitados no lo hacen directamente, sino a través de los denominados centros especiales de empleo, que son fundaciones o empresas privadas creadas al efecto y que reciben cuantiosas ayudas directas a fondo perdido del Ministerio y la Conselleria (con hasta el 50% de los salarios que abonan), así como importantes bonificaciones en las cotizaciones de la Seguridad Social, además de que pagan el 75% del salario mínimo interprofesional, según explican a este diario la gerente de Upapsa, María Luz Arbolí, y el técnico de Empleo de la organización, David Sáez.

Vigilante o limpiador

¿Y por qué acuden a los centros especiales de empleo? Porque les resulta muchísimo más económico contratar a un vigilante, un limpiador o un jardinero con discapacidad a través de esas entidades que emplearlo directamente, del orden de la mitad de coste.

La triquiñuela legal consiste en que las empresas alegan que no pueden cubrir el puesto o bien porque no encuentran en el colectivo de discapacitados el perfil adecuado, do bien porque el puesto a cubrir tiene excesivas dificultades. Es ahí donde las pymes obligadas recurren a hacer donaciones o a subcontratar en los centros especiales de empleo tras solicitar al Servef (Servicio Valenciano de Empleo y Formación, dependiente de la Conselleria de Economía Sostenible) el preceptivo Certificado de Excepcionalidad. «Al final, ese certificado lo otorga el Servef por silencio administrativo, pero no puede ser donar dinero o subcontratar cuando perfectamente el empleado discapacitado podría ser contratado directamente en sus empresas, con el mismo sueldo y con las mismas obligaciones y derechos», explican los técnicos de Upapsa. «Estamos pidiendo a la Conselleria que ese certificado de excepcionalidad sea denegatorio, porque en muchos casos debería ser así, porque el puesto no tiene una excesiva dificultad y hay candidatos perfectamente preparados para trabajar», añaden desde Upapsa. Aseguran que, en algunos casos, podría estar justificado que no estuviera preparado, pero sí al cabo de tres años, lo que obligaría a la pyme a contratarlo directamente.