Diez meses de cárcel por estafar 691.000 euros a empresas proveedoras

La Audiencia Provincial de Alicante ha condenado a sendas penas de diez meses de cárcel a dos empresarios del municipio alicantino de Ibi por estafar más de 691.000 euros a distintos proveedores por pedidos de objetos de plástico que no tenían intención de pagar. Los hechos sucedieron desde finales de 2003 hasta diciembre de 2004, fecha en la que su mercantil dejó de funcionar, cuando los sospechosos, José M.T. y Ana Isabel M.R., contrajeron el citado volumen de deudas con otras firmas.

Los acusados se dedicaban al montaje y embalaje de productos plásticos, cuya fabricación subcontrataban con terceros, y habían logrado como cliente único de los mismos a otra firma, Vidal Europa S.A., líder en el sector de venta minorista de esta clase de objetos. Esta circunstancia les proporcionó una inmejorable reputación entre las empresas del ramo.

Según la sentencia, hecha pública ayer, desde finales de 2003, los procesados comenzaron a dejar de pagar a numerosos proveedores, aunque estos les seguían sirviendo mercancía porque confiaban en su solvencia, habida cuenta del respaldo empresarial de Vidal Europa, que sí les pagaba con regularidad.

Cuando la mercantil investigada dejó de funcionar, en diciembre de 2004, los sospechosos habían contraído una deuda superior a los 691.000 euros con una docena de empresas, en su mayoría radicadas en la localidad alicantina de Ibi.

A la compradora de sus productos, la citada Vidal Europa, les dejaron a deber 231.212 euros por un pedido «desmesurado» de plásticos realizado «con voluntad de no pagar», según señalan los magistrados de la sección segunda de la Audiencia Provincial.

Tampoco restituyeron maquinaria industrial a esa firma por un valor superior a los 400 euros que habían recibido para cumplir con sus compromisos industriales, añade el tribunal.

El fallo establece que, probablemente, los empresarios iniciaron su actividad «sin ningún ánimo espurio», pero, a partir de un determinado momento, comienzos de 2004, sabían que no iban a pagar en su integridad los pedidos que hacían a los proveedores y, a pesar de ello, seguían haciendo otros nuevos «con un evidente ánimo de lucro».

De este modo, los procesados han sido condenados a sendas penas de 10 meses de cárcel y multas por un delito de estafa agravada, en el que la sala ha apreciado la atenuante de dilaciones indebidas por la lentitud judicial en resolver el caso.